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La explosión ocurrida a comienzos de la semana en una planta de Z-Gas, en la que 15 personas resultaron heridas, cobró el viernes su cuarta víctima mortal. A la vez, ese siniestro encendió las luces de alerta en torno al riesgo que conlleva la presencia de estas plantas en zonas urbanas.

Esaú Cardona falleció en el Hospital San Juan de Dios a consecuencia de las quemaduras sufridas tras la explosión de una pipa de gas, y con ello se incrementaron a cuatro las víctimas mortales del siniestro, pues el miércoles habían fallecido Horacio Noé Cruz, Mario Morales y José Alexánder Gómez.

Pero, sin duda, lo más dramático de esta fatalidad ha sido que en medio del dolor los familiares de las personas que resultaron afectadas han tenido que recurrir a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para lograr un compromiso legal por parte de la empresa Z-Gas.

El viernes, familiares de 11 personas quemadas se presentaron en la PDH y denunciaron que la compañía Z-Gas no había emitido ningún pronunciamiento sobre cómo apoyaría la recuperación y los gastos en que habían incurrido las familias tras el accidente.

Karina Javier, quien es la voz que representa a las familias afectadas, aseguró que es una situación lamentable tener que exigir un apoyo que les corresponde y que la empresa, hasta ese momento, no había brindado.

El tema de fondo y que le compete específicamente a las autoridades es el riesgo que implica esa planta de gas donde se produjo el accidente, en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico, o las otras 48 plantas que operan en el país.

Ese peligro solo se podrá reducir con cambios en el reglamento de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.