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El olor a gas acompaña casi las 24 horas del día a los vecinos de la colonia El Esfuerzo, zona 12. A unos cuatro metros de sus viviendas está la pared de block que los separa de la distribuidora Dagas, y detrás del muro se acumulan los cilindros que almacenan el combustible, en la 53 avenida y 22 calle de la zona 12 capitalina.

Saben que un incendio acabaría con sus viviendas.

Las familias se instalaron allí hace 12 años, mientras que la distribuidora funciona desde hace cuatro y a ninguna de las autoridades que supervisaron su autorización le importó el riesgo que la planta conlleva para estas personas.

“A veces se les escapa bastante gas y se riega. Por misericordia de Dios es que no nos ha pasado nada. Esto del gas debería estar en un lugar solitario y alejado”, afirma Elsa Godínez, una de las vecinas.

Godínez vio por televisión el accidente del pasado lunes, ocurrido en la planta de Z-Gas ubicada en la carretera al Atlántico, y pensó que si algo parecido ocurriera en la planta que está a la par de su casa, todo saldría volando.

Cualquier fuga o accidente arrasaría con las casas y con las familias que viven allí. Los niños que juegan en el callejón ya se han acostumbrado al constante olor.

“Hay algunos días que se siente mucho, casi no se aguanta, y a uno le agarra dolor de cabeza y picazón en la garganta”, explica Mayra Martínez, quien vive con sus tres hijos casi pared con pared con el almacén de Dagas.

Dice que “gracias a Dios” ninguno de sus hijos se ha enfermado, pero esa exposición continua al gas puede tener consecuencias a largo plazo.

Bombas de tiempo

La mayoría de las plantas de almacenamiento o distribución que hay en el área metropolitana están cerca de viviendas o alguna carretera transitada pasa a la par.

Prensa Libre visitó cuatro plantas ubicadas en el área metropolitana, y en todas hay viviendas a menos de mil metros o una carretera.

Ese es el caso de la planta ubicada en Villa Nueva, en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico. Allí Z-Gas tiene capacidad para almacenar 330 mil 225 galones de gas licuado de petróleo, y la planta está a la par de una carretera muy transitada y detrás de ella se encuentran empresas y colonias residenciales. De hecho, la ruta de salida del área está situada entre los dos edificios que tiene la empresa en el área.

Carolina Cárdenas, quien vive cerca de la planta, asegura que siempre había tenido temor a los accidentes, pero que desde el lunes pasado tiene gran preocupación. “Aquí pasan muchos buses, la gente va para sus colonias y cualquier cosa puede pasar”, expresa.

En el kilómetro 14.5 de la carretera a San Miguel Petapa se encuentra otra planta del grupo Tomza, también a orilla de la vía, y las casas de la colonia Loma de Portugal, de Villa Nueva, están junto al muro de la empresa.

“Ellos tienen los tanques hasta el fondo, pero si algo explota nosotros nos vamos con ellos”, relata Luz Eugenia Hernández.

En este caso, la planta estaba instalada antes de que se construyera la colonia, que recibió la autorización a pesar de estar junto a una empresa de riesgo.

Quienes viajan por la carretera Interamericana también se encuentran con un riesgo latente a la altura del kilómetro 18, donde se encuentra una planta del grupo Tomza. A uno de los tanques de almacenamiento no le separan más de 10 metros de la carretera, y quienes circulan por allí podrían sufrir la fatal casualidad, como ocurrió con quienes pasaban el lunes, alrededor de las 7 de la mañana, frente a la planta que se incendió.

Seguridad poco clara

Las normas que debe seguir una empresa a la hora de instalar una planta de almacenamiento de gas no están muy claras. Brenda Gramajo, ingeniera, refiere que además de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, donde los requisitos son muy permisivos, está el reglamento de las municipalidades. En el caso de la comuna capitalina, debería aplicarse el reglamento de localización industrial, que se emitió en 1971.

“Tienen que hacerse cambios, para que ninguna industria peligrosa se pueda instalar en áreas urbanas”, dice Gramajo.

Además, asegura que no es normal que se almacene tal cantidad de gas justo a la orilla de una carretera tan transitada, como ocurrió con la ruta al Atlántico. “Es una ubicación que nunca debió autorizarse”, asevera.

El vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Omar Rodas, explica que hay una normativa internacional a la que deben acogerse estas empresas, en la que no se concibe que una planta de gas esté tan cercana de viviendas.

Destaca que los controles del Gobierno son escasos y que la seguridad en este tipo de instalaciones debería ser más exigente.

“Debe haber coordinación con las municipalidades y los ministerios, para que se respeten las zonas residenciales”, afirma.

El viceministro de Energía y Minas, Alfredo Pokus, se comprometió a modificar la legislación y fortalecer las medidas de seguridad, pero quienes conviven al lado de las plantas de gas dudan de que las autoridades sean capaces de echar a sus peligrosos vecinos.

“No creo que los vayan a trasladar lejos de aquí”, expresa Charly Barrios, vecino de Villa Nueva.

Por el momento, esta falta de controles ha cobrado la vida de cuatro personas y cuatro más están muy graves. Quizá su tragedia sea una advertencia para evitar más muertes.