Hace cuatro años y medio, la comunidad de Choatalum, Chimaltenango, decidió, en asamblea, presentar una querella contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero, supuesto responsable de por lo menos seis desapariciones forzadas. Después de una tortuosa lucha jurídica, para hoy está programado el primer debate público del caso.

El delito de desaparición forzada es uno de los más traumáticos para los familiares de las víctima, ya que al no aparecer el cuerpo de su ser querido es como si el crimen se repitiera, una y otra vez, a lo largo de los años.

Precisamente por esto el sistema jurídico internacional estableció que la desaparición forzada no prescribe, sino que se prolonga en el tiempo. Por ello ninguna amnistía otorgada a criminales de guerra, en ningún país del mundo, abarca este delito.

Los familiares de los seis vecinos de la comunidad de Choatalum, enmarcada en el municipio de San Martín Jilotepeque, se cansaron de suplicarle a Felipe Cusanero, ex comisionado militar de la zona y actual alcalde auxiliar de la aldea, que les dijera dónde se encontraban los cuerpos de sus víctimas (Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay).

Ninguna de las exhumaciones que se llevaron a cabo en el departamento de Chimaltenango logró dar con los cuerpos de los campesinos, que cometieron el pecado de asociarse en cooperativas para mejorar su nivel de vida. Según Aura Elena Farfán, de la asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), la razón podría ser que los mismos victimarios movieron los cadáveres antes de empezar las excavaciones.

Las seis desapariciones se produjeron entre 1982 y 1984, los años más crudos del conflicto armado interno, durante los cuales el Ejército puso en práctica su política de tierra arrasada.

En el 2003, las familias de los seis desaparecidos se armaron de valor, obviaron las amenazas de muerte y presentaron una querella contra Cusanero, a la que también se sumaría Famdegua, en el 2004.

La defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad, basándose en que el delito no fue tipificado en el Código Penal hasta 1996 (artículo 201), 12 años después de haber sido cometido, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) no le dio la razón.

Esta resolución abrió la puerta y sentó precedente legal para que el resto de los familiares de los 45 mil desaparecidos puedan presentar su caso en los tribunales.

A pesar de que la batalla legal ha durado más de cuatro años, hoy se llevará a cabo la primera audiencia del juicio. A pesar de ser un delito de lesa humanidad y que los testigos han recibido múltiples amenazas de muerte, Cusanero goza de libertad, bajo la poco practicada figura de arresto domiciliario.

Como prueba fundamental de la acusación se presentarán los relatos de los testigos que vieron cómo Cusanero detuvo y condujo a los seis desaparecidos al destacamento militar, y cómo desde ese momento no se volvió a saber nada más de ellos.

Según Farfán, cuando Cusanero se llevó de sus casas a las víctimas, los familiares lo persiguieron, escondidos entre el monte, y pudieron ver cómo los ingresaban en el destacamento militar.

Según Farfán, esta causa podría resarcir moralmente las 45 mil desapariciones forzadas que sucedieron en el país. “Aunque no se trate de un familiar, la justicia nos ayuda a todos”, dijo.

“Yo misma fui con Humberto Mejía Víctores (ex presidente) a pedirle que me dijera dónde estaba mi hermano. Él me contestó que esto no era Chile, ni Argentina, que aquí el Ejército no había dejado ninguna prueba de sus actos y que nunca los íbamos a encontrar. Pero se equivocó, los familiares conseguimos las pruebas”, sentenció Farfán.