Los accidentes en calles y carreteras que han provocado la muerte de miles de guatemaltecos en los últimos años, tienen más de una explicación. Son, en su mayor parte, producto de la corrupción profundamente enraizada en la administración pública y expuesta en su más cruda expresión a través de las fuerzas de seguridad, las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y los responsables de investigar y sancionar su violación.

Aún cuando los empresarios del transporte —incluidos aquellos piratas cuyas unidades no poseen licencia alguna para operar— han mostrado una negligencia criminal al contratar pilotos inexpertos para manejar sus autobuses, no son ellos los únicos culpables de la situación extrema a la cual se enfrenta en estos momentos el país.

Una ley de tránsito obsoleta, sumada a instituciones incapaces de hacer cumplir las normas mínimas de seguridad, también ha contribuido a que calles y caminos se hayan convertido en un peligro de muerte para quienes transitan por ellos.

Algo tan elemental como la licencia profesional para conducir una unidad de transporte colectivo, es casi inexistente. Principios básicos de pericia técnica, responsabilidad y temperancia para reclutar a los pilotos, son sustituidos por la oferta más barata, aún cuando provenga de individuos sin experiencia y, en muchos casos, sin siquiera la edad mínima para optar a un documento que les permita ejecutar el trabajo.

En cuanto al mantenimiento de las unidades en las cuales miles de guatemaltecos arriesgan su vida a diario, no existe el menor control por parte de las autoridades, por lo cual estos vehículos circulan en condiciones de riesgo extremo hasta que en una curva pierden los frenos, la dirección o el tren delantero para ir a estrellarse al fondo de un barranco.

En un contexto de tanta ineficacia en la aplicación de la ley, prohibir la circulación de unidades en mal estado es prácticamente un suicidio político para el nuevo gobierno, toda vez que ese problema está presente en la absoluta mayoría del parque vehicular, lo cual dejaría al país prácticamente paralizado.

La solución no es fácil ni inmediata, pero es preciso comenzar a desatar el nudo por algún lado. Lo primero debe ser elaborar una legislación estricta y adecuada a las condiciones actuales, con castigos ejemplares para empresarios y pilotos que no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad y pericia técnica. Al mismo tiempo, vigilar con mayor celo la conducta y capacidad de los agentes encargados del control en calles y carreteras, para evitar tragedias como las que suceden a diario.

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