La Corte de Constitucionalidad (CC) falló ayer denegar un amparo al general retirado Efraín Ríos Montt, con lo que se da vía libre para que se le escuche en su primera declaración en calidad de sindicado por genocidio.

La Audiencia Nacional Española había pedido que se tomara la primera declaración a Ríos Montt, pero él obstaculizó el proceso, con un amparo.

La CC falló, por unanimidad, denegar esa acción, por lo que, ahora, el Juzgado Undécimo solicitará que el militar se presente a declarar.

Ríos Montt fue electo en las últimas elecciones diputado por el Frente Republicano Guatemalteco.

La CC resolvió, el 11 de diciembre último, dejar sin efecto la orden de captura con fines de extradición contra los generales retirados Germán Chupina, Aníbal Guevara, Benedicto Lucas García, Óscar Mejía Víctores y Ríos Montt, y contra los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo.

Otro fallo originó que el juez español Santiago Pedraz no siguiera con las pesquisas en Guatemala. A pesar de ello, expertos señalan que ahora se debe cumplir con la asistencia solicitada por España y requerir los testimonios de los sindicados.

Defensa

Francisco Palomo, abogado de Ríos Montt, consideró que la resolución ya no tiene materia, debido a la última decisión de la CC.

Añadió: “Qué sentido tiene que se tome o no la declaración del general, pues estas acciones ya perdieron materia, debido a que España ya no puede investigar nada en el país, y se le cita; simplemente no se asistirá”.

También recordó que su cliente goza de inmunidad, debido a que fue electo diputado.

La defensa de Ríos Montt también planteó ayer un nuevo amparo, contra Eduardo Cojulum, juez undécimo de Primera Instancia Penal, porque decidió citar a los testigos de los casos de genocidio.

“El juez decidió no escuchar a los sindicados, pero sí a los testigos, y por ello presentamos este amparo”, afirmó.

Más de 17 víctimas han declarado en España sobre las masacres cometidas contra el pueblo indígena durante el gobierno de Ríos Montt.

El genocidio en Guatemala costó la vida a unas 250 mil personas, entre 1961 y 1996, de las cuales, más del 80 por ciento eran indígenas.