Durante toda esta semana se publicaron notas sobre minería metálica. Unas sobre las intenciones de aprobar una nueva ley de minería, algunas mencionan a la Comisión de Alto Nivel, y en todas es notoria la preocupación sobre el tema de las regalías. ¿Tendrá esto alguna relación con la subida del precio de los minerales metálicos? La onza de oro vale hoy unos US$1 mil, y también hay incremento en los precios de otros metales.

“Comisión de Energía quiere subir las regalías mineras”, dice el titular de una de estas notas. Según la misma, Alejandro Sinibaldi, diputado del Partido Patriota y presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, afirma que quieren aumentar las regalías “en el grado que permita que la inversión extranjera llegue al país” (elPeriódico). Algunos hablan de aumentar las regalías de los metálicos al 3 por ciento, como si eso fuera la gran cosa. La ley de minería de 1993 obligaba a pagar el 6 por ciento. Esa ley fue reformada en 1997 y, gracias a la participación de abogados que hoy trabajan para las compañías mineras, hoy se paga solamente el 1 por ciento. Si lo que realmente les importa es generar recursos económicos para Guatemala, sería bueno que estudiaran la ley de minería de Cuba, país que cobra el 50 por ciento de las regalías y donde siguen invirtiendo mineras canadienses como la Sherritt Internacional Corporation.

La mención de una comisión de alto nivel genera interrogantes. La anterior comisión fue convocada por el presidente Berger, por un lado, y por Monseñor Quezada Toruño por el otro. ¿Es la misma? Si se trata de una nueva, ¿quién le dio vida? ¿Cuenta ésta con el aval del presidente Colom? ¿Participan el Ministro de Ambiente y el Ministro de Energía y Minas? Sobre la intención de usar como base para la preparación de una nueva ley “la reforma que planteó la Comisión de Alto Nivel” (Prensa Libre) en 2006, espero que se refieran solamente a los principios para una política minera consensuados por aquella comisión, porque la propuesta de ley que se presentó al Congreso —como si fuera producto del trabajo de la Comisión de Alto Nivel, pero que fue elaborada por el Ministerio de Energía y Minas— no resguarda adecuadamente los intereses de Guatemala.

Claro que necesitamos una nueva ley de minería, pero no es solo cuestión de regalías. ¿Podrá este Congreso aprobar la ley de minería que Guatemala necesita? ¿Quién participará en su redacción esta vez? ¿Cómo van a incluir los intereses de los pueblos afectados, los pueblos indígenas y la sociedad civil? La mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas es indígena, no concibe la devastación ambiental como requisito para el desarrollo, ni entiende lo que la civilización occidental define como tal. Para ellos, es más importante la vida que el oro. Muchos pueblos indígenas se pronunciaron ya contra la destrucción y la contaminación que genera la minería metálica, por consideraciones ecológicas y espirituales, no por consideraciones exclusivamente económicas.

Quienes se encarguen de redactar la nueva ley de minería deben tener en cuenta que la mayor riqueza de este país es su diversidad cultural y natural, patrimonios que tienen que ser cuidados y respetados, porque son nuestra única esperanza para enfrentar con alguna dignidad la debacle ambiental que no supimos evitar.