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Guatemala, 10 de mayo de 2008

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¿Narcoeconomía? (I parte) 

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Por Abraham samuel pérez*

Opinión

¿Qué pasaría si contabilizáramos en el PIB el comercio de drogas? Probablemente el ingreso de divisas por exportación de drogas superaría a las remesas familiares y el crecimiento económico sería visible en datos oficiales, pues hoy existe pero no se refleja.

Probablemente el índice oficial de desigualdad en los ingresos se reduciría y la tasa oficial de desempleo también.

La actividad comercial reflejaría tasas de crecimiento más altas y con todo esto debidamente formalizado el Estado podría recibir una cantidad enorme de recursos por impuestos a la comercialización y consumo de este poco ortodoxo producto, dedicándolos a programas para prevenir el consumo para el largo plazo entre otros.

Seamos honestos. La realidad no la podemos evadir. El comercio de drogas ilegales está a la orden del día. El problema de la narcodelincuencia es fundamentalmente por la guerra entre carteles, es decir, entre grandes comercializadores de droga que ganan enormes beneficios al pelearse por su cuota de mercado y no existir mayor competencia.

La droga se consume sea legal o no, de lo contrario no existirían los grandes productores. Los precios son altos porque la producción y comercialización están copadas por pocos oferentes que pueden establecer altos precios y debido a ser un producto inelástico respecto al precio, la demanda se mantiene.

La película brasileña Ciudad de Dios presenta una visión realista sobre este tema.

Aunque parezca inverosímil, regularizar la producción y la venta de drogas, así como penalizar y prevenir el consumo y no la producción de la misma puede ser una opción para reducir los niveles de violencia en los países que tienen enquistado el cáncer del narcotráfico en todas las estructuras de su economía: desde la distribución minorista por parte de niños hasta la captura del Estado, como municipalidades y los tres organismos de poder, muestran que la industria del narcotráfico sigue consolidándose hasta eventualmente establecer una “narcocracia”.

Un solo cargamento de drogas decomisado en una operación equivale al presupuesto de la Policía Nacional Civil de un mes.

En México se decomisaron el año pasado US$1 mil 400 millones en cocaína, lo cual representaría algo así como ¡Q10 mil 500 millones!

Dicho decomiso representó un cuarto del presupuesto total del Gobierno de Guatemala para este año. Si la batalla contra la oferta de drogas ya está perdida de entrada, debemos entonces pensar en opciones distintas.

Los causantes de la producción de droga son los consumidores. ¿Qué motiva su consumo inicial? Esa es la pregunta. Muchos argumentan la curiosidad, otros ignorancia, falta de amor en el hogar, por presión de grupo o por “búsqueda de felicidad”, por frustraciones, etcétera.

Lo que sí es cierto es que la oferta persigue a la demanda. Los recursos del Estado y las tesis de las universidades debieran ir orientados a investigar las causas del consumo de drogas y prevenir el incremento del mismo en el largo plazo, en lugar de querer frenar su producción por la fuerza.

El mercado encontrará medios siempre que exista demanda. Atacando la demanda se puede disminuir la oferta.

Al final del día, el argumento ético es relativo. Siendo cínicamente realista, piense usted qué es menos ético: ¿que una persona venda drogas porque no encuentra otra opción para comprar medicinas a sus hijos o para evitar que mueran de hambre?, o vender la droga a algún comprador que voluntariamente está envenenándose por su libre albedrío?

Regular la venta de la droga no quiere decir fomentar su consumo. Es visualizar el problema en lugar de negarlo para abordarlo inteligentemente.

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