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El Ejecutivo decidió continuar en su intento de que se apruebe una ley tendente a prorrogar los contratos de explotación petrolera, pues ante la crisis mundial, es una oportunidad para Guatemala de no depender, a mediano plazo, de la compra internacional. Por ello insistirá en el Congreso en la aprobación de una iniciativa de ley.

El ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, luego de una reunión en la Casa Presidencial, —en la cual no se discutió el tema— explicó que el Ejecutivo no quiere que se quede engavetada en el Congreso la iniciativa de ley del fondo para el desarrollo petrolero, sino que siga su discusión.

Dicha iniciativa, propuesta al principio para que los municipios donde se explota petróleo reciban regalías, también incluía la prórroga de los contratos petroleros, lo cual generó descontento entre algunos bloques legislativos y ambientalistas, porque no aumenta beneficios para el país, y sí favorece a las empresas que explotan el crudo.

Debido a esa oposición, el jueves recién pasado el jefe de bancada del partido oficial, Mario Taracena, dijo que recibieron instrucciones del presidente Álvaro Colom, para frenar la iniciativa y analizarla más despacio.

Ayer, Meany afirmó: “La dirección que dio el presidente Colom no fue detener el proyecto, lo que preguntó fue si los diputados ya contaban con la información suficiente para tomar una decisión; de lo contrario, debía esperar”, explicó.

Sostuvo que al Gobierno le interesa que se prorroguen los contratos de explotación petrolera por 20 y 25 años, por lo que esa bancada debe cabildear con el resto de bloques parlamentarios para su aprobación.

No vemos ningún problema en cuanto a si tal prórroga de contratos se incluye en la iniciativa del fondo de petróleo o en una diferente, explicó.

“Buscamos que se pueda dar la modificación al artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos, para cambiar los contratos, con la intención de que se mejoren las condiciones del Estado en su ingreso, y obtenga mejores regalías al modificar el contrato”, expuso el funcionario.

Agregó: “Los legisladores tienen una posición histórica, si marcamos la ruta para explotar el petróleo en Guatemala o la guardamos para siempre, es parte de la crisis que se debe atender”, expresó Meany.

De autorizarse la modificación, el nuevo contrato será entregado a la Procuraduría General de la Nación, para que dictamine si mejoran las condiciones para el Estado.

Perenco es prioridad

El Ejecutivo busca renovar el contrato con la empresa Perenco, cuyo contrato de explotación de petróleo termina en el 2010 y mantiene una producción diaria de 13 mil 189 barriles, que además produce el 98 por ciento del crudo nacional.

La explotación se ubica en el campo de Xan, en la Laguna del Tigre, Petén. Una de las dificultades que explicó el funcionario es que de no renovarse el contrato no podrá efectuarse una licitación, ya que el campo de esa producción se encuentra dentro de un área núcleo de reserva, según la Ley de Áreas Protegidas Decreto 4-89.

A criterio de Meany, con la ampliación del contrato buscarían incrementar la producción a 20 mil barriles diarios.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, Perenco generó en regalías US$100 millones al Estado. En la actualidad existen seis campos petroleros divididos entre exploración y explotación.

Despacio

Roberto Alejos, primer secretario del Congreso y diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza, mencionó que trabajar las iniciativas en forma separada es buena opción. La bancada tendrá que reunirse para determinar cuál apoyará.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, manifestó que ya inició la lectura del contrato de Perenco, que fue autorizado en 1985. Detectó que las regalías para el Estado son de 5 por ciento, y que éstos empiezan a llegar después de 13 años de explotación.

“Vamos a estudiar la forma en que es presentada la iniciativa; se debe tomar en cuenta el entorno ambiental”, expresó.