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Madrid - La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, reconoció que no tiene la “capacidad suficiente” para investigar los crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos en otros países, entre ellos Guatemala, cuando no haya víctimas españolas.

“La capacidad de la Audiencia Nacional se ha revelado insuficiente a la hora de investigar casos de genocidio en otros países en los supuestos que no afectan a personas e intereses de españoles”, asegura la Memoria 2007 de la Audiencia publicada hoy.

La principal instancia penal española instruye en estos momentos distintas causas por genocidio en países como Guatemala, Argentina, Tíbet o Ruanda, entre otros, en aplicación del principio de justicia universal.

Sin embargo, los magistrados que instruyen estas causas se ven confrontados a diversos problemas como la imposibilidad de tomar declaración a los procesados en los sumarios, en ocasiones debido a la oposición de las autoridades de los países objeto de la investigación.

La Audiencia Nacional española ha recibido numerosas denuncias por genocidio en los últimos años, especialmente después que a mediados de los años 90 comenzara la instrucción por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990).

Posteriormente, en 2005, el Tribunal Constitucional (TC), español declaró válida la competencia de la justicia española para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad ocurridos fuera del país y aunque no haya víctimas nacionales.

El TC consideró “que el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales”, en respuesta a un recurso interpuesto en 1999 por la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú, después que el Tribunal Supremo (TS) sólo admitiera perseguir los crímenes contra la humanidad en Guatemala cuando afectaran a víctimas españolas.

Menchú había recurrido a la justicia española para investigar el asalto por parte de militares guatemaltecos a la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 en el que murieron 37 personas, entre ellas tres diplomáticos españoles, y el padre de la activista.

AFP