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Guatemala, 17 de mayo de 2008

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Industriales creen que el alza de impuestos agravaría la crisis

La CIG pide replantear la reforma fiscal 

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Reforma fiscal

La propuesta plantea:

• Reducir de 31 a 25 por ciento la tasa al régimen opcional y eliminar el Ietaap.

• Para los que pagan el 5% del impuesto sobre sus ventas o ingresos brutos, la propuesta sugiere que se eleve dicha tasa a un 7% , cuyo argumento es que en ese régimen se incluyen actividades que tienen una alta rentabilidad.

• Para los trabajadores en relación de dependencia, el ISR se reduciría a 5 y 7%, pero se eliminarían exenciones como la planilla del IVA, gastos médicos y otros.

• Se crearía el impuesto sobre rentas de capital de 3 por ciento, en lugar del Impuesto del Timbre. Se creará la ley de aduanas, y se modificarán controles en el IVA, Código Tributario y vehículos.

• Todo esto busca elevar la carga tributaria a 13.2 por ciento del Producto Interno Bruto.

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Quitarle recursos al sector privado originaría un estrés en la economía nacional y ocasionaría desempleo y desaceleración económica. (Foto Prensa Libre).

Por redacción de negocios

Directores de la Cámara de Industria se oponen a la aprobación de la reforma fiscal, y piden al Gobierno replantear dicha propuesta por considerar que, de ponerla en marcha como está planteada, agudizaría la crisis de precios, ocasionaría desempleo y desaceleración económica.

Durante un desayuno con miembros de la Prensa, Tomas Dougherty, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), afirmó que la petición responde a que —ante las condiciones actuales del entorno internacional— quitarle recursos al sector privado originaría un estrés en la economía nacional.

El empresario dejó claro que no se oponen al pago de impuestos, pero que en la coyuntura que vive Guatemala no es el momento propicio para aprobar una reforma fiscal.

Por el contrario, los industriales proponen que se ponga a funcionar un plan de reactivación económica, que incluya seis acciones a corto, mediano y largo plazos.

Entre estas acciones destaca un incentivo a la reinversión de utilidades, la flexibilidad de contratar personal de tiempo parcial, un programa de inversión en infraestructura productiva y una mejora en la administración tributaria.

La principal objeción contra la reforma se basa, según Dougherty y Sergio De La Torre, directivo de la CIG, en el aumento del 5 al 7 por ciento del impuesto sobre ventas o ingresos brutos, tasas que gravan el régimen general.

Esta medida, coincidieron, obligaría a las empresas a reducir su capacidad para ejecutar recursos en un momento donde, incluso, el crecimiento del crédito al sector privado ya muestra una desaceleración.

El sector sugiere la reducción de esta tasa al 3 por ciento, para lo cual se debe tomar en cuenta que la recaudación fiscal ha aumentado en forma sostenida en los últimos años, resultado de una mejora en la administración y un crecimiento económico favorable.

Ferdy Berganza, coordinador del Consejo Nacional de Acuerdos de Paz, dijo que no afectará a los empresarios, sino a los asalariados que ganen más de Q20 mil mensuales.

Menos liquidez

De la Torre afirmó que las constantes alzas de las materias primas, de los intereses bancarios y la apreciación del quetzal han causado problemas de liquidez a las empresas.

De continuar esta tendencia, anticipó, habría una reducción en la inversión y empleo, incumplimiento de pago por préstamos para vivienda y una crisis financiera, entre otros.

Un ejemplo, citó De La Torre, es el comportamiento a la baja del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). Éste registra el comportamiento mensual del valor agregado de las diferentes industrias, incluidas en el cálculo del Producto Interno Bruto.

Los empresarios advirtieron del peligro de que el Gobierno, ante la presión política, incremente salarios mínimos en forma unilateral, las intervenciones en el proceso de producción y distribución, más impuestos y precios tope.

En su lugar proponen mejorar el ingreso por medio del pago de salarios por productividad, promover la creación de más y nuevas fuentes de empleo, facilitar el financiamiento bancario, mejorar la capacitación del recurso humano y aumentar la base empresarial, a través de la promoción de pequeñas y medianas empresas, entre otros.

En manos del Congreso

El presidente de la CIG enfatizó que algunas de las propuestas de la Cámara se encuentran en discusión en el Congreso.

Dougherty citó como ejemplo la aprobación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que permitiría la generación de empleo de tiempo parcial.

Explicó que esta norma facilitaría la contratación de estudiantes y amas de casa, entre otros, a medio tiempo o fines de semana.

Ante la polémica histórica que ha generado el salario mínimo por productividad, el presidente de la CIG propuso establecer planes piloto en comunidades en condiciones de pobreza.

Otra medida sería crear vínculos entre las estrategias de desarrollo y competitividad del país.

Prevén reuniones

“Muchos sectores están en desacuerdo respecto de que se necesita una modernización fiscal en el país, para que sea un proceso integral de desarrollo; sin embargo, hay diferencias en torno a cómo hacerlo”, afirmó ayer el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight.

El miércoles recién pasado, Fuentes dijo que a pesar de que algunos sectores afirman que nunca es el momento propicio para impulsar una reforma fiscal, el Gobierno la impulsará.

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