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Ante la advertencia de los transportistas urbanos de entregar las unidades al Gobierno si no les permiten elevar la tarifa a Q4.25, ayer el presidente en funciones, Rafael Espada, les pidió paciencia, y aseguró que seguirán apostando por el diálogo.

“Bajo amenazas no se puede llegar a acuerdos”, afirmó el gobernante. Ello porque, el jueves pasado, la Asociación de Transportistas Urbanos dio de plazo hasta el 30 de mayo para que se atiendan sus demandas de liberar la tarifa, pues no quieren más subsidio.

Espada refirió que el Gobierno no tiene recursos para incrementar el subsidio que cada mes da a los transportistas —Q22.6 millones—, el cual ha servido para evitar que se incremente la tarifa al usuario.

“Nosotros creemos que el aporte mensual que reciben les alcanza, pero ellos insisten en que trabajan con pérdidas; vamos a discutirlo”, expresó el presidente en funciones, al final de una actividad ayer, en Cobán, Alta Verapaz.

Que pongan sus demandas sobre la mesa, para que sean evaluadas y analizadas; el problema se discutirá la próxima semana. “Vamos a esperar que regrese el presidente Álvaro Colom de su viaje a Perú, luego de su participación en la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, para tomar una decisión al respecto”, ofreció.

Resaltó que a través del diálogo se pueden tomar las mejores decisiones. “Les pedimos paciencia a los transportistas”, expresó.

Se trató de ubicar a Luis Gómez, vocero de los empresarios de autobuses urbanos, pero no se pudo. Ese sector pretende que se libere la tarifa, de Q1 a Q4.25, para brindar un servicio regular. Dijeron que si se elevara a Q5 se podría dar mejor atención al usuario. Los argumentos para aumentar el pasaje obedecen a los altos precios del combustible.

Un problema complejo

Mientras el Gobierno y los dueños de buses continúan en busca de una solución al asunto, Rolando Yoc, jefe de la Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos e Incidencia en Políticas Públicas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), presentó un panorama intrincado respecto de la problemática del transporte de pasajeros.

Su departamento hizo un estudio que recoge las denuncias de cada parte en el conflicto —usuarios, transportistas, pilotos y autoridades—, y considera que todas las demandas son comprensibles, por lo que cada sector tiene parte de razón.

“Los pilotos resaltan la subida del diésel —más de Q31 por galón—, y piden seguridad, porque se han convertido en carne de cañón, y las autoridades dicen que los pilotos y los transportistas incurren en ilegalidades constantemente”, dijo.

Agregó: “Y al final el gran perdedor sigue siendo el usuario y la población en general”. Yoc refirió que esto hace aún más complicado hallar una solución.

Aún así, la PDH plantea algunas posibles salidas, como implementar sistemas de prepago, instalar cámaras de vigilancia y registrar a los pasajeros en las paradas de buses, crear una escuela de pilotos certificados, mayores controles para la prestación de servicios a personas de la tercera edad, establecer condiciones laborales para los pilotos y contar con más supervisores para las unidades.

Fuera de la discusión

Quienes se han quedado al margen del diálogo han sido los clientes del servicio público de transporte, denunció Édgar Guerra, presidente de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano.

Guerra pidió la inclusión de los usuarios en las discusiones, y afirmó que su organización plantea que la resolución de los problemas con el transporte de personas necesita del diseño de un sistema moderno de pago.

“Solo con resolver el cobro y hacerlo eficiente, no habría necesidad de subsidios”, aseguró.

Indicó que en la actualidad, debido a la falta de controles, el precio que cobran los autobuseros no es declarado en su totalidad, por lo que “los dueños tienen 50 por ciento de fuga”.

En cambio, explicó, con un sistema de prepago, o por medio de un mecanismo similar, se tendría control adecuado para establecer el número de usuarios. De eso, agregó, podría depender un subsidio estatal.

Según el procedimiento, es la municipalidad capitalina la autorizada para aprobar cualquier incremento en la tarifa del transporte urbano. El jueves recién pasado, María José Salas, asesora en comunicación de la comuna, afirmó que no habrá ninguna variación.