Prensa Libre - Edición Electrónica

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no ha podido desempeñar del todo sus funciones de investigación científica, debido a los problemas administrativos, estructurales y económicos que afronta desde su instauración.

Un informe realizado por la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes) advierte del peligro de convertir a la institución en un “aparato burocrático más”.

El estudio, elaborado entre julio del 2006 y octubre del 2008, señala que existen contradicciones y duplicidad de funciones entre la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y el Inacif.

Revela que el Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial tampoco deben continuar ofreciendo servicios que interfieran con la labor de la referida entidad, algo que se confirma con la marcada dispersión de recursos y funciones entre varias instituciones, lo cual ha limitado el avance de la investigación forense del país por falta de coordinación.

La instalación del Inacif, en septiembre del 2006, elevó las expectativas para superar ese problema; sin embargo, las fallas que presenta desde su origen —falta de presupuesto y retrasos administrativos— son aún obstáculos para lograr ese objetivo.

Sedes regionales

Prensa Libre efectuó un sondeo en el área rural para conocer el avance de la entidad desde su instalación, y se encontró que, pese a tener cobertura en 22 departamentos del país —por medio de 27 sedes y unas 214 morgues y clínicas forenses en algunos municipios—, hay asuntos pendientes.

En Totonicapán y San Marcos, por ejemplo, la falta de espacio en la sedes ha generado problemas graves. “Funcionamos en un cuarto que bondadosamente nos cedió el Ministerio de Salud, pero estamos urgidos de un espacio más amplio”, lamentó Raúl Castro, médico forense de San Marcos.

En Quetzaltenango, Rosa Pérez, coordinadora regional de occidente, explicó que la morgue de esa ciudad es obsoleta, por lo que buscan un terreno para la construcción de la nueva sede donde se instalará el módulo de necropsias y la clínica forense, además, un laboratorio de patología; en tanto que en Coatepeque faltan mobiliario y un médico.

En otros departamentos, como Retalhuleu, la sede del Inacif se sitúa en el cementerio, y carece de luz y cámaras frías, por lo que durante las noches no se puede trabajar, y los vecinos se quejan del mal olor que expiden los cadáveres.

El estudio de Asíes destaca que la falta de fondos ha sido el principal obstáculo del Inacif para solventar los problemas en las sedes regionales, debido a que aún está pendiente la reubicación de 20 morgues que funcionan en los hospitales departamentales del país.

Esta situación “denota falta de interés en fortalecer los procesos de investigación criminal en el área científica, lo que podría convertir a la institución en un aparato burocrático más, restándole importancia a su función en los procesos penales”, concluye el documento.

Para el funcionamiento del Inacif en el 2009, se solicitaron Q215 millones; sin embargo, la asignación final fue de Q96 millones, que serán insuficientes para superar las deficiencias, afirman los funcionarios de la institución.

“Si queremos romper la terrible barrera de impunidad, que ronda el 97.5 por ciento de casos, es necesario fortalecer las instituciones autónomas, como el Inacif, para que pueda dar mejores resultados”, expresó Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.

Fallas de origen

Desde su instalación, el 17 de septiembre del 2006, el Inacif registró problemas de organización derivados de la falta de presupuesto, situación que ha tenido consecuencias directas en su funcionamiento, porque el nombramiento del director general del Consejo Directivo se demoró varios meses.

Miriam Ovalle de Monroy tomó posesión del cargo hasta el 19 de julio del 2007; a ella le correspondió continuar con la organización administrativa de la institución, y esa tarea aún no ha finalizado.

“El Inacif está en proceso de maduración, en el que poco a poco debe superar sus dificultades. Sin embargo, creemos que es necesario que se dote de más personal para agilizar el trabajo”, opinó Morales.

Cynthia Fernández, consultora del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de Asíes, enfatiza en que es imprescindible la comunicación entre todas las instituciones y la instancia coordinadora del sector justicia, “para que se pongan de acuerdo, se atienda la problemática y se obtengan mejores resultados”, declaró.