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Más de 38 organizaciones civiles demandaron ayer al Congreso que ratifique la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la aprobación de leyes vinculadas al fortalecimiento de la seguridad y la justicia que demanda esa instancia investigadora.

Las iniciativas permiten la creación de tribunales de competencia ampliada y el proceso de colaboración eficaz.

Entre las organizaciones que llegaron al Legislativo se contaba a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la Fundación Myrna Mack, cámaras empresariales y académicos, entre otras.

Álvaro Pop, del Organismo Naleb, le entregó a Roberto Alejos, presidente del Legislativo, la petición formal y destacó que, aunque se hable de que se dará trámite urgente a las iniciativas, mantendrán el monitoreo.

Helen Mack, de la Fundación Mack, dijo: “Creemos que este Congreso representa la voluntad del pueblo” y que, además de las propuestas de la Cicig, urgen cambios a la Ley de Amparo.

El ex vicepresidente Eduardo Stein, quien estuvo presente en el acto, explicó que la sociedad civil no representa ninguna posición partidaria y que la ratificación que pueda hacer el Legislativo del mandato de la Cicig vendrá a fortalecer la labor de ésta.

“Nos reunimos espontáneamente. Lo que buscamos es poner reflectores en todos los actores que tienen responsabilidad”, aseguró Mack, en relación con la necesidad de que se cumpla la petición de fortalecer la legislación.

Los jefes de bloques Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Roberto Villate, de Libertad Democrática Renovada y Roberto Kestler, del partido oficial, también asistieron a la actividad.

Pese a que Alejos no escatimó en asegurar que ayer —al terminar el proceso de interpelación del ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes— esos serían los siguientes puntos de agenda, no fue posible.

Estaba previsto para la sesión de ayer el ingreso de las propuestas que dan competencia a los juzgados penales capitalinos para evacuar casos de alto impacto provenientes de la provincia, y cambios a Ley contra la Delincuencia Organizada, pero la interpelación de Fuentes no concluyó.