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El Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, dictó hoy arresto domiciliario y arraigo a ocho miembros del Concejo de Antigua Guatemala, y los dejó ligados a proceso como presuntos responsables de la alteración del trazo original de la avenida La Recolección, al haber iniciado la ampliación de dicha arteria sin la previa autorización del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala (CNPAG).

Durante la audiencia celebrada hoy, los ocho miembros de la corporación municipal rindieron su primera declaración y posteriormente el juez determinó imponerles arraigo y arresto domiciliario por los delitos contra el patrimonio cultural de la Nación.

Los procesados son Edgar Francisco Ruiz Paredes, concejal primero; Edgar Monterroso Chan, concejal segundo; Carlos Roberto Mérida Reinoso, concejal tercero; Guisela Monroy Castillo, concejal cuarto; Luis Majin Hernández Galindo, concejal quinto y Antonio Palomo Cajas, suplente. También están acusados Américo López Gutiérrez, síndico primero y Josué Joel García Resendis, síndico segundo.

Por ahora, un síndico suplente quedó al margen de la medida, ya que adolece de problemas de salud por haberse accidentado. Mientras que se espera que la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones resuelva si declara con lugar un antejuicio contra el alcalde Adolfo Vivar Marroquín, por el mismo caso.

Hugo Leonel González, abogado defensor de los funcionarios de la municipalidad de Antigua, comentó que analiza apelar el fallo, pues en ningún momento se trató de alterar el trazo de la avenida, ya que la ampliación se hizo para el bien común y así ordenar el paso vehicular en ese sector.

La ampliación de la avenida de La Recolección, ubicada a un costado del mercado y finca La Pólvora, quedó suspendida el pasado 3 de noviembre, debido a que Jorge Rosales Mirón, presentó una denuncia contra los miembros del Concejo por haber iniciado los trabajos sin una licencia emitida por el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, por alterar el trazo original de la avenida y por remoción de vestigios arqueológicos.

“El Concejo Nacional para la Protección de Antigua lo que hizo es denunciar a la Oficina de Planificación Municipal (OPM), que es el órgano técnico de planificación, pero el denunciante la giró contra la corporación”, dijo González.