Prensa Libre - Edición Electrónica

TODO LO OCURRIDO AYER en Honduras constituye un grupo de lecciones acerca de la realidad política en los países del Istmo. En resumen, no se puede jamás estar de acuerdo con un golpe de Estado, entre cuyas características se encuentra la participación de militares y la captura o expulsión del país de un presidente electo. En Honduras hubo un golpe de Estado. Punto. Por eso no tardaron las reacciones adversas de Europa y de la Organización de Estados Americanos. Por eso la presidencia de Ricardo Micheletti, aunque haya sido sancionada por el Congreso, tendrá mucha dificultad para ser reconocida por la comunidad internacional, y ello permite vislumbrar un período de aislamiento diplomático mientras la situación no se arregle.

SIN EMBARGO, ESTE apoyo a la institucionalidad no debe ser confundido con apoyo a la persona de Zelaya. Se trata de un político muy señalado de ser corrupto, autoritario, y de tener un estilo bufonesco. El mismo origen de su presidencia es nebuloso: el Tribunal Supremo Electoral se tardó un mes en declararlo ganador, y él mismo lo había hecho la noche misma de las elecciones, cuando no había informes oficiales. Ya presidente, adoptó una posición decididamente proclive a Hugo Chávez y sus tácticas. La filiación izquierdista de muchos de sus colaboradores comenzó a encender las preocupaciones de muchos sectores hondureños, y para los observadores sólo era cuestión de poco tiempo para buscar una perpetuación en el poder.

ZELAYA, SIGUIENDO LOS PASOS de Chávez y de Correa, comenzó a buscar el cambio constitucional para permitir la reelección, por medio de una consulta popular programada para ayer. Se opusieron la Corte Suprema, el Congreso, incluyendo su propio partido, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral. Se agregaron el sector privado, las iglesias, la prensa independiente. El presidente no solo desobedeció la orden de la CSJ, sino se presentó con sus seguidores acarreados a secuestrar las urnas electorales. Destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, por no apoyarlo. El Congreso inició las gestiones para destituirlo, pero el golpe de Estado las interrumpió, y luego eligió a Micheletti.

EL DILEMA DE ESTE CASO es terrible. Apoyar el golpe significa romper el orden constitucional. Y apoyar el regreso de Zelaya, sin condiciones, significa validar todas las truculencias realizadas por el mandatario hondureño. Este es un claro caso en el cual una persona electa se convierte en enemigo de la democracia, al abusar de su poder. La democracia, cuando sus mecanismos son utilizados para burlarla, tiene en sí misma el germen de su propia destrucción, como ocurre también cuando las sociedades donde existe tienen altos niveles de analfabetismo real y de analfabetismo político. Un cambio en la Constitución hondureña, como evidentemente desea Zelaya, es un riesgo real para engendrar una carta magna a todas luces inconveniente.

POR ESO EL REGRESO de Zelaya no puede ser incondicional, como exige la OEA. Se necesita un mínimo compromiso de respeto constitucional y de rechazar el pueril argumento de constituir un ejercicio sin una intención escondida. En ese sentido, la reunión de la OEA programada para mañana necesita analizar las causas de la acción dominical, así como todas las acciones previas realizadas por el presidente hondureño. En teoría, se puede filosofar sobre la conveniencia de la reelección, pero en la práctica, para nuestras sociedades es inconveniente. Esta disyuntiva es la causa, a mi juicio, de la actitud estadounidense y de la advertencia del presidente Obama para dejar a los hondureños resolver sus problemas políticos sin interferencia extranjera.