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La Corte de Constitucionalidad (CC) negó amparar en forma provisional cinco acciones, una de las cuales pretendía que se suspendieran algunos nombramientos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y los otros piden indemnización por el daño ocasionado al haberlos dejado fuera de la contienda.

Los magistrados argumentaron en el fallo que no se otorga el amparo provisional porque las circunstancias no lo hacen aconsejable.

Una de las acciones fue planteada por 200 ex candidatos a la CSJ, quienes argumentan que los diputados no cumplieron con elegir a los aspirantes con honorabilidad e idoneidad reconocidas.

En el memorial, los ex candidatos solicitaron que se dejaran sin efecto los nombramientos de tres magistrados, por haber sido vetados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la sociedad civil.

Manuel Pocasangre y Elda Nidia Nájera, ex aspirantes a la CSJ, plantearon otras dos acciones legales en el máximo tribunal, porque aducen que el Congreso los despojó del cargo después de haber recibido las denuncias planteadas por la Cicig y sectores sociales.

El primer amparo de Pocasangre y de Nájera es contra aquel organismo, por haber reformado el acuerdo legislativo 200-2009, mediante el cual los interponentes fueron sustituidos —junto a Jackeline España— por los magistrados Luis Arturo Archila, Luis Pineda Roca y José Arturo Sierra.

Nájera y Pocasangre pidieron a la CC que dejara sin efecto la reforma del citado acuerdo, y se les restituyan sus derechos como magistrados electos por el Congreso.

La CC también negó el amparo presentado por Luis Alexis Calderón Maldonado, ex candidato a las salas de Apelaciones.

Sin trámite

Nájera, Pocasangre y Calderón también accionaron contra Carlos Castresana, jefe de la Cicig, porque adujeron que se les había violado su derecho de audiencia, presunción de inocencia y debido proceso.

La CC suspendió el trámite de las acciones porque Castresana goza de inmunidad diplomática.