Catalejo
Guatemala, reino de una realidad politiquera irreal
La politiquería mezclada con legítimo güizachismo crean una realidad cuya característica es ser irreal.
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Las últimas malacrianzas e irrespeto de Consuelo Porras contra otros funcionarios en su calidad de ciudadanos deben ser analizadas en su gravedad. El jueves, la señora se permitió –no como su criterio sino como una orden derivada del cargo de jefa del Ministerio Público– exigir a la Corte de Constitucionalidad la expulsión de varios funcionarios públicos, comenzando con Bernardo Arévalo. El viernes agregó su irracional ataque contra el Tribunal Supremo Electoral, de donde ordenó robar las boletas de los votos hace meses. Pero el mandatario está ahora en un problema, a pesar de haber respondido a la díscola funcionaria con firmeza pero con tardanza junto con su gabinete, porque le salió al paso otro relacionado con dos empresas confesas de corrupción con una multa risible.
Ya es público este reino irreal: Porras no obedece la ley ni reconoce su menor jerarquía a la de un presidente, porque este último es electo. Actúa sin educación, a gritos y gesticulaciones, como si estuviera en una campaña presidencial oficial talvez ya ofrecida. Arévalo, por su parte, debe explicar la relación de dos funcionarios actuales con la corrupción en el libramiento de Chimaltenango. Los multaron, ciertamente, pero de los 529 millones recibidos la multa fue de 19 millones (3.6%) reducida a 350 mil quetzales, o sea el 0.06% de los 529 millones recibidos. Los funcionarios tanto del MP como de la Corte Suprema y la de Constitucionalidad siguen aumentando la desconfianza. Hay demasiados exfuncionarios de dos últimos gobiernos con participación.
Es fundamental explicar a los ciudadanos la manera como se gasta el dinero estatal.
Por su parte, Bernardo Arévalo también debe explicar por qué su ministro de Finanzas Jonathan Menkos negoció bonos en Europa por sólo siete años, lo cual significa para el país un millón de quetzales diarios de pago, y por qué hubo errores legales en el juicio de los constructores del libramiento de Chimaltenango, con su multa irrisoria e imperdonable. El arreglo del paso en la carretera al Pacífico avanza a paso de tortuga aumentando las enormes pérdidas para el país y causó molestia ciudadana ver una foto oficial donde varios funcionarios, incluyendo el presidente estaban parados a la orilla fácilmente derrumbable de la peligrosa y enorme zanja del kilómetro 44 de la carretera al sur, sin ser ni uno de ellos ingeniero y por ello no conocer del tema.
El Secretario de Comunicación presidencial debe divulgar esas razones en esa forma clara y directa como lo ha hecho hasta ahora. La señora Porras lo tiene a él en la lista de funcionarios a quienes quiere castigar con alguna otra argucia politiquera disfrazada de legalidad, como ocurre con Jose Rubén Zamora, por ejemplo. Es fundamental explicar a los ciudadanos la manera como se gasta el dinero estatal. Su estilo es malcriado, insolente, gritón, y gasta sin justificación alguna dinero estatal para defenderse en base a ataques. Es posible expulsarla porque su nombramiento fue ilegal al convertirlo en inamovible en base a una decisión ilegal, por lo cual no ha nacido a la vida jurídica. Y la posibilidad de una reelección eterna es una amenaza aun peor a la realidad actual.
Los esfuerzos de análisis legal para expulsarla del andamiaje jurídico constituyen en la práctica y según quiera verse, pérdida de tiempo o prueba de inocencia. Ahora, la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos recuperar una mínima parte de su prestigio perdido porque el asunto ya salió de lo legal y también de lo político o politiquero, para entrar de lleno en el campo de la lógica tanto jurídica como filosófica, donde se afianza o hunde el prestigio de un gobierno ante la opinión pública. Y los motivos de la ridícula multa deben causar la salida del equipo gubernativo de los responsables, de la misma manera como se ha hecho antes.
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