Algunos medios de comunicación social destacaron el pedido de varias personas para que no llegaran ?los derechos humanos? al lugar donde las fuerzas de seguridad del Gobierno aniquilaron a miembros de una banda de asaltantes, el 15 del mes en curso. Añadían que, los defensores de los derechos humanos solamente ?protegen a los delincuentes?.

Tal aseveración, falsa y venenosa, fue el arma publicitaria esgrimida por la Policía Nacional Civil, en tiempos de Edwin Sperisen, cuando el procurador de los Derechos Humanos principió a señalar a policías nacionales como autores de ejecuciones extrajudiciales, realidad que el tiempo probó con abundantes casos de los cuales basta recordar -en vía de ejemplo- las ejecuciones extrajudiciales de tres diputados salvadoreños y su piloto, y la de cinco hombres secuestrados, a plena luz del día, por agentes de la Policía Nacional Civil, muertos a tiros minutos después.

Esas ejecuciones extrajudiciales impiden establecer el estado de Derecho en Guatemala.

Oficialmente, nuestro país ha adquirido a nivel internacional el compromiso de no imponer la pena de muerte por ningún delito.

El abolicionismo de la pena capital avanza en todo el mundo. Hasta hoy 64 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos; 16 la han abolido, excepto para delitos cometidos en tiempo de guerra; 25 son considerados abolicionistas porque mantienen en sus legislaciones esa pena, pero en los últimos 10 años no la han aplicado.

Esto significa que 105 países la han suprimido en la ley o en la práctica; 91 todavía conservan ese castigo, pero las ejecuciones disminuyen. Y muchos más, Guatemala incluida, han acatado la moratoria de ejecuciones promovida por las Naciones Unidas.

La última novedad la están dando los norteamericanos de Nueva Jersey, uno de los 17 estados de la Unión Americana que no han ejecutado reos desde 1976.

La importancia de Nueva Jersey, hoy, es que va en camino de ser abolida la pena de muerte -por primera vez- mediante la emisión de una ley específica.

Los que pregonan la mentira policial en relación con el papel del procurador de los Derechos Humanos, tienen la misma mentalidad de quienes aplauden el linchamiento de una niña de 14 años de edad, menor que el domingo pasado en San Andrés Sajcabajá, Quiché, fue sometida a interrogatorios y golpes durante 30 horas, para que confesara haber participado en un delito y después de lo cual, ya moribunda, fue rematada a tiros.

Naturalmente, es un empeño inútil, por ahora, convencer a las autoridades y a los partidarios de las masacres, de que las ejecuciones extrajudiciales y los linchamientos son inconvenientes; que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa (Declaración Universal de los Derechos Humanos); que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (Convención Americana sobre Derechos Humanos) o que la defensa de la persona y sus derechos -la vida entre ellos- son inviolables y que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

Y que ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente (Constitución Política de la República de Guatemala).

Sería mucho pedirles que entiendan esto, y, sin embargo es su obligación entenderlo.

El periodismo nacional debe recordar que los derechos humanos citados son tan importantes, como el derecho humano a la libertad de expresión.