El sueño de poder vivir en un ambiente nacional en el que la seguridad y la vida de las personas estén garantizadas, en la medida de lo posible y en la dimensión de lo deseable, es algo que conviene a todos, independientemente de las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas de los distintos sectores de la población.
Sin embargo, esa situación soñada está muy lejos del alcance de la inmensa mayoría de los guatemaltecos y, por el contrario, lo que se ve diariamente es una imparable matanza que esparce olor a sangre en todas direcciones y salpica hasta el último rincón del país.

Para tener una noción objetiva de lo que sucede es necesario conocer algunos de los estudios más medulosos acerca del problema. Uno de ellos es el del Departamento de Seguridad Pública, de la Organización de Estados Americanos, correspondiente a 2007.

Revela que los homicidios en Guatemala aumentaron en un 120% en relación al período anterior. De 2,655 en 1999 pasaron a 5,781 siete años después. En otras palabras, la política de prevención no funcionó bien, y tampoco funcionó la política sancionadora.

En uno de los últimos informes del Índice Global de Paz, publicado por el Institute for Economics and Peace, en el que fueron evaluados 162 países en cuanto a sus esfuerzos por mejorar la seguridad pública, Guatemala cayó del puesto 109 que tenía en 2013, al 115 en 2014. En Centroamérica y el Caribe, ocupa el desdoroso puesto 9 de 12 países evaluados y, como siempre, nuestra capital sigue colocada entre las más violentas del mundo.

Si se parte del hecho de que ese informe fue publicado a nivel mundial hace muy pocos meses, se colige que la situación de inseguridad y violencia homicida en Guatemala no es mejor ahora que hace diez años. El año pasado se registraron 5,924 homicidios violentos, lo cual puede ser considerado el resumen de una historia de criminalidad creciente.

Y eso a pesar de que el actual Gobierno ha hecho grandes esfuerzos en la lucha contra el crimen. Es notorio el mejoramiento de los sistemas de investigación, centenares de maleantes han sido capturados; y decenas de pandillas han sido descubiertas y desmanteladas. Sin embargo, salta a la vista que la inseguridad permanece con pocos cambios. ¿Se debe esto a que los funcionarios son incompetentes, negligentes o irresponsables? No. Hacen lo que pueden, con los pocos recursos que les han sido asignados; pero, los resultados no son los que la opinión pública desearía.

Una explicación razonable es que las instituciones públicas son constantemente rebasadas por la magnitud del problema, la situación financiera del Estado es cada vez más deficitariamente crítica, lo cual incide en la limitada capacidad de las fuerzas de seguridad para cumplir sus tareas oficiales.

Lo anterior coloca a Guatemala bajo el estigma de que, como en otros países, el crimen vinculado al tráfico de drogas, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas, y los secuestros, entre otros delitos, se apodera de zonas consideradas reductos de impunidad, en los que la presencia del Estado está siendo reemplazada por el poder y la influencia de esos grupos, como se afirma en documentos oficiales de la OEA

Y en medio de esas circunstancias nacionales, adversas y penosas, llega el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a pedir al Estado guatemalteco que aproveche la cooperación de la comunidad internacional, mediante el mantenimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, para que esta entidad continúe contribuyendo en la lucha contra el crimen. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué no aceptar esa sugerencia, y demandar al mismo tiempo una mayor ayuda de los Estados Unidos ya que determinadas formas de criminalidad afectan también a la población estadounidense?

Si el Gobierno de Guatemala no puede trabajar con sus propios medios contra el delito, lo apropiado es que acuda a la comunidad internacional en solicitud de cooperación. Echar a la CICIG de Guatemala es un lujo que este país no puede permitirse. Más de cinco mil homicidios por año, el 74 por ciento de ellos cometidos con arma de fuego, son demasiados delitos para un país tan pequeño como el nuestro.