La situación anterior es grave, si se toma en cuenta que el 50 por ciento del gasto en salud que tienen los trabajadores de estos sectores, se destinan a la adquisición de medicamentos, a pesar de sus bajos ingresos.

Según el estudio que sobre el tema realizó el Programa Estudios para el Desarrollo Rural de la Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP, la situación debe corregirse, con programas urgentes que extiendan los beneficios de la seguridad social.

Pierden capital de trabajo

Byron Garoz, coordinador del Programa, llama la atención sobre los efectos económicos que tiene para los trabajadores la no cobertura de estos programas, pues al enfermarse de gravedad, el poco capital de trabajo que poseen, se reduce y en casos extremos desaparece.

Garoz favorece la iniciativa de crear programas especiales, en beneficio de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector informal del país.

Afirma que el gasto que realizan los trabajadores agrícolas e informales en salud, ?es una carga pesada e ineficiente, a pesar de que existen bases jurídicas y políticas para proponer esta extensión programas de seguridad social a hombres y mujeres en condiciones más desfavorables?.

Fondo solidario

Dentro del estudio se propone, la creación de un programa que se convertirá en un ?fondo solidario? que haría posible que los ahora excluidos recibieran los beneficios.

Dicho fondo debería ser tener como fuentes de financiamiento un aporte estatal, que podría provenir del adeudo del Estado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, además de una cuota fija por cada afiliado del sector informal.

Otra parte de los fondos podrían captarse de un pago mínimo que los usuarios harían en forma directa al recibir asistencia específica.

Garoz asegura que los resultados de este programa tendrían beneficios no sólo para los trabajadores, sino para la economía del país.

?Es importante que una población esté sana para que sea más productiva?.

Según los datos incluidos en el estudio, sólo un total de 855 mil 596 trabajadores de un total de 3 millones 132 mil 683, tienen acceso a algún programa de seguridad social.

Bases jurídicas y políticas

Para promover la propuesta de extensión de cobertura de la seguridad social para los trabajadores agrícolas y del sector informal, la Congcoop se respalda en varios instrumentos políticos y jurídicos como:

La Constitución de la República, que indica que la seguridad social es un derecho de la población, y en cuanto tal, se considera una función pública, nacional, unitaria y obligatoria.

La Ley Orgánica del IGSS, manifiesta que el régimen deberá extenderse gradualmente a ?toda la población?, sin embargo la proporción de trabajadores respecto al PEA ha venido disminuyendo en la última década.

Los Acuerdo de Paz, en la parte de los Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, establecen como compromiso de Gobierno, el crear condiciones que faciliten la incorporación plena de todos los trabajadores(as) al ?régimen de seguridad social?.

La Reforma Sectorial de salud fija como propósito, el aumento progresivo de la cobertura a empleados del sector formal e informal, urbano y rural.