El programa que desarrolla la defensa pública en los cuerpos de policía al delegar a un defensor en protección de los ciudadanos, fortalece el Estado de Derecho, al garantizar que, a cualquier detenido le serán respetados sus derechos.

Para nadie es secreto -por haberlo sufrido en carne propia o conocer de otras experiencias- que en múltiples ocasiones las capturas se producen arbitrariamente. Un mal momento, una pelea con un policía, puede representar ser sometido a la cárcel injustamente. Muchas de esas arbitrariedades deben ser evitadas y la presencia de profesionales del Derecho en las comisarías, por sí sólo, infunde respeto y temor en el agente de seguridad.

La Constitución Política de Guatemala proclama como valor superior del ordenamiento jurídico la libertad, entendida como la autonomía del individuo para elegir entre diferentes opciones vitales. La detención ilegal o arbitraria anula este principio constitucional. La libertad física debe entenderse como la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas coercitivas injustificadas que restringen o amenazan la autonomía de toda persona.

Con el fin de evitar este abuso, el derecho limita la potestad pública, imponiendo barreras; son las llamadas garantías del sindicado: protección contra la detención arbitraria o ilegal; oposición al uso irracional de la fuerza; prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes; el incumplimiento de plazo para poner a disposición de la autoridad competente al detenido; la falta de notificación de la causa de detención; la no información de los derechos del sindicado; conducirlo a un centro de detención ilegal; obligarlo a declarar ante autoridad distinta de la jurisdiccional competente.

La violación a estas disposiciones fundamentó en -Estados Unidos- la llamada teoría de la fruta envenenada. Tolerar los excesos de la administración representa enfermar a todo el sistema. Por eso, cualquier acto ilegal de los funcionarios anula lo actuado. Esto ha permitido prestigiar a los diferentes actores de la seguridad pública, a quienes se les obliga a conducir sus actos dentro de la legalidad.

Inventar partes, crear pruebas, inducir a las mordidas, golpear a los detenidos son prácticas que deben terminar; por eso, la idea de colocar a los defensores en los lugares inmediatos a la detención, me parece una idea acertada, que no es nueva, sino tiene sus orígenes en el Siglo XVIII, al sancionar el principio de legalidad como una defensa de la persona frente al poder, conocida como la Carta Magna del Derecho Penal.

Anselmo Feuerbach la inmortalizó en su famosa frase ?nullum crimen, nulla poena sine previe lege?. Lo que significa que la acción punitiva del Estado debe atenerse estrictamente a lo establecido en la ley.