?Creo que fue un error haberlo hecho, y por eso damos marcha atrás?, explicó ayer el presidente, Alfonso Portillo, luego de participar en la despedida a Eduardo Arévalo Lacs como ministro de la Defensa.

Portillo también dijo que se tomó la decisión de suspender la medida, porque el traslado a Fonapaz ?tenía implicaciones de carácter legal, ya que había que indemnizar a trabajadores?.

La rectificación del gobernante se produjo cinco días después de que el diario oficial publicara el Acuerdo Gubernativo 458-2001, firmado en Consejo de Ministros.

El traslado de las zonas viales a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Micivi, implicaba Q180 millones más para Fonapaz, así como 4 mil 719 empleados y 1 mil 751 piezas de maquinaria, vehículos y equipo.

?La vuelta a la normalidad? fue bien recibida por los empleados de la Dirección General de Caminos y diputados de oposición.

No hubo presiones

Quien oficializó ?la corrección de error? fue Luis Mijangos, secretario general de la Presidencia.

El funcionario aseguró que Portillo ?realizó un análisis detenido del Acuerdo 458-2001 (…), y decidió derogarlo, por lo cual queda invariable la situación?.

Además, recalcó que la determinación presidencial ?no se debió a ningún tipo de presión?.

Protestas por doquier

La inconformidad de los trabajadores de la Dirección General de Caminos, DGC, dependencia a la que de nuevo pertenecen las 14 zonas viales, se hizo manifiesta desde el martes.

Ese día, el Sindicato de Trabajadores Camineros, Strac, rechazó la decisión del Ejecutivo, y enfatizó ?la incapacidad gubernamental?.

El miércoles último, más de cien camineros interrumpieron el tránsito de la capital al Atlántico, con barricadas y tractores. Además, hubo paros laborales en la DGC, ubicada en la zona 13 de la capital.

Las protestas subieron de tono el jueves. Durante dos horas fue interrumpido el paso al aeropuerto internacional La Aurora. Además, hubo bloqueo de carreteras en Chimaltenango, Escuintla, Salamá, Retalhuleu, Huehuetenango y Chiquimula.

Trabajadores complacidos

Al conocer la decisión del Ejecutivo, Augusto Hernández Hidalgo, secretario general del sindicato de Caminos -quien en la mañana de ayer se reunió con la bancada del PAN en busca de apoyo- se mostró satisfecho. No obstante, dijo que las labores no serían reiniciadas sino hasta que los camineros sean notificados de forma oficial.

Al igual que Hernández, diputados de la oposición recibieron con agrado la vuelta de las zonas viales a manos del Micivi.

Días atrás, legisladores como Ricardo de la Torre, de la bancada Unionista; Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, ANN, y Otoniel Fernández, de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, habían denunciado que esa decisión buscaba fortalecer a Fonapaz con fines electorales.

?Es una noticia positiva. Los ministerios están creados para realizar funciones específicas, tal como lo señala la Ley del Organismo Ejecutivo, y es el Micivi quien debe encargarse de las zonas viales?, señaló Montenegro.

Agregó que ojalá ocurra lo mismo con otras acciones que se han tomado para beneficiar a Fonapaz, como la asignación de Q169 millones para programas de salud en el 2002.

Adversan traslado de fondos a Fonapaz

El titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Micivi, Alvaro Heredia, no ve con buenos ojos la posibilidad de que los fondos que recibe la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial, pudieran pasar a manos del Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz.

?No estoy de acuerdo, porque Covial funciona bien bajo la administración del Ministerio?, señaló Heredia.

Esto sucedería si en el Congreso prospera cualquiera de las dos iniciativas de ley presentadas -una por el Ejecutivo y la otra por diputados oficialistas- para modificar la Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo.

Mediante este tributo -Q1 por galón de combustible vendido- Covial recibe anualmente más de Q500 millones para el mantenimiento de la red vial del país.

Pero los proyectos planteados trasladarían esos recursos a Fonapaz. ?El impuesto a la gasolina es específico para el mantenimiento de carreteras, y esta tarea le compete por ley al Micivi?, explicó el titular.

Heredia no ha sido el único que ha rechazado esta posibilidad. Marco Tulio Reyna, gerente de la Cámara de la Construcción, también se opuso, porque con ella se pone en riesgo el funcionamiento de Covial y el mantenimiento de las carreteras.