Estados Unidos
Senabed: millonario costo de mantener bienes incautados en Guatemala
La Secretaría tiene un presupuesto de Q32 millones para funcionar y administrar los bienes incautados y en proceso de extinción de dominio.
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El mantenimiento de caballos purasangre tiene un elevado costo para la Senabed. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)
A más de una década de la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio, el Estado administra, por medio de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), los bienes incautados por presuntamente haber sido obtenidos de forma ilícita o como producto de actividades delictivas. Aunque el modelo muestra cifras al alza, aún enfrenta desafíos para lograr su sostenibilidad financiera y operativa.
La institución gestiona los bienes incautados a propietarios que los habrían obtenido de manera ilícita o que no logren demostrar capacidad financiera para su adquisición, y que se someten a un proceso judicial de extinción. Esto implica invertir el dinero en bancos, dar mantenimiento a inmuebles o vehículos, e incluso cuidar de semovientes. Para cumplir con su función, la Senabed se apoya en entidades como el Ministerio de la Defensa (Mindef) para el resguardo de avionetas, vehículos marítimos y caballos.
“Se hace un gasto y una erogación fuerte cuando hay ingreso de joyas, por ejemplo, porque deben ser trasladadas a los bancos para garantizar su resguardo, además de los costos del personal que puede administrar y dar mantenimiento a los vehículos e inmuebles”, explicó el exsecretario de la Senabed, Jorge Mario Andrino.
En ese sentido, agregó que otro aspecto que genera una carga importante en el presupuesto de la institución es el cuidado de los caballos pura sangre, aunque en ese rubro suelen contar con apoyo del Mindef.
Hasta el 2022 se sabe que la Senabed había generado más de Q500 millones en inversiones, pero a la misma fecha se destinaron más de Q470 millones solo para el mantenimiento y la administración de los bienes.
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Finanzas sostenibles
La Secretaría no logra autofinanciarse y hay discrepancias entre entidades por el uso de los bienes como oficinas, en lugar de ser arrendados. Los datos evidencian que el reto no solo es mantener los bienes, sino también convertirlos en ingresos.
La Senabed tuvo una asignación presupuestaria de Q32.2 millones para el 2025.
Hasta agosto del año pasado —fecha del último reporte consultado para esta nota— se obtuvieron casi Q7 millones provenientes de extinción de dominio. En los tres años anteriores, la entidad obtuvo entre Q23 y Q28 millones por la misma vía.
Los reportes oficiales también indican que, en ocho meses, la Secretaría gastó Q5.5 millones para el pago de planilla y cuotas al seguro social. Es decir, ese rubro podría ser cubierto por los ingresos que generan los bienes que administra.
“Tiene que ver el hecho de que las instituciones que reciben bienes para su uso temporal o permanente comprendan que los bienes deben entrar a subasta pública para que todas se puedan beneficiar, y la Senabed pueda, con eso, fortalecer sus capacidades”, sugirió el exsecretario.
Uno de los casos más recordados sobre distribución de dinero ocurrió cuando al exministro de Comunicaciones José Luis Benito le fueron incautados Q122 millones. Como ese dinero no fue reclamado, se distribuyó entre las entidades del Consejo: el Organismo Judicial recibió Q32 millones; el MP y el Mingob, Q30 millones cada uno; la Senabed, Q18 millones; el Mindef, Q8 millones, y la PGN, Q2 millones.
Meses atrás, un juzgado dictaminó que el Estado debía devolver Q4 millones al expresidente Otto Pérez Molina, provenientes de cuentas bancarias en las que, según el dictamen judicial, se probó que no tenían origen ilícito. Esa cantidad ya incluye la mitad de los intereses generados por la Senabed en la inversión de ese dinero.
Registro
Andrino comentó que la institución debe crear alianzas y estrategias efectivas para lograr arrendar los bienes en condominios. Señaló como ventaja que, por la naturaleza de los inmuebles, los precios son más bajos que los del mercado.
Un obstáculo es que las personas interesadas en los arrendamientos deben inscribirse en el registro institucional, donde se solicita información sensible para verificar que el interesado no esté vinculado a la persona a quien se le extinguió el bien. Consideró que este requisito suele ser una barrera de entrada, ya que algunas personas no están dispuestas a compartir tantos datos privados.
Los mecanismos de distribución y los obstáculos para arrendamientos o subastas demuestran que el éxito de la sostenibilidad de la Secretaría depende también de las decisiones que adopten las instituciones que integran el Consejo y de la coordinación interinstitucional que se mantenga. Por medio de Comunicación Social de la entidad se solicitó una postura para esta nota, pero la unidad indicó que la petición debía presentarse por medio de acceso a la información pública.
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