No es la primera vez que me equivoco en apreciaciones respecto de un asunto, como me ocurrió el jueves, por no hacer las consultas pertinentes con conocedores del tema.

Decía entonces que había que escarbar en los contratos signados entre Guatel y tres operadoras de teléfonos, y justamente por ello me han aclarado que las empresas Bellsouth y Telefónica no suscribieron convenio alguno para explotar el servicio celular, puesto que las frecuencias las adquirieron en usufructo, mediante subasta pública y conforme la Ley General de Telecomunicaciones; mientras que PCS, afiliada a Telgua, logró las frecuencias en el marco del proceso de privatización.

Presento mi excusas.

En lo que se refiere a Comcel, esta empresa adquirió el derecho de explotar el servicio celular por medio de la autorización que se derivó de un concurso público, ocurrido antes de que entrara en vigencia la citada ley.

Como resultado de mi erróneas opiniones, un técnico en la materia quien pidió omitir su nombre, me recriminó y recomendó que en el marco de las críticas vertidas en torno a la negociación entre Guatel y Comcel, por lo menos en lo que a mí concierne debería conocer el verdadero entorno de este asunto, para que mi opinión no sea parcializada.

En lo que no me equivoqué -admitió el técnico- es que, hasta la fecha, Comcel ha pagado más por cada megahertz de frecuencia que utiliza para prestar sus servicios, que lo cancelado por las otras empresas, además de que es la única operadora de servicios celulares a la se ha impuesto la obligación de efectuar pagos anuales al Estado para poder prestar esos servicios.

Es decir, que por este virtual trato discriminatorio, el Estado deja de percibir apreciables ingresos, pese a que quedó establecido en el contrato con Guatel que aplicaría las mismas condiciones a cualquier operadora.

Y justamente esta omisión fue la que determinó un juicio entablado por Comcel contra Guatel, pero se llegó a una transacción entre ambas, que incluyó que la primera desistiera de dejar de pagar al Estado y de exigir de Guatel la devolución de Q86 millones.

Lo que aún está en entredicho es la legalidad de todo lo actuado, en virtud de que no se publicó el acuerdo gubernativo mediante el cual se aprobó aquella transacción, y de ahí la necesidad de una investigación exhaustiva al respecto.

(Un evolucionista le confió a Romualdo que si cierto telefonista es tan dormilón es porque no desciende del mono sino del gato).