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La buena noticia
Pistola al cinto, cuando los “blanquillos” no alcanzan
El arma no protege, delata: confiesa una fragilidad ética y una autoridad sostenida en el gatillo, no en la confianza ciudadana.
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Hay un gesto obsceno en vastas regiones de Guatemala: la pistola visible al cinto. Lo que algunos intentan vender como folclor o costumbre rural es, en realidad, un síntoma de un poder profundamente enfermo. Desde Petén hasta Suchitepéquez, desde Izabal hasta Santa Rosa, desde Alta Verapaz hasta Esquipulas, alcaldes, diputados, gobernadores y jueces exhiben armas como si fueran sus credenciales de mando.
Ante este despliegue de fuerza, la pregunta para nuestra democracia es ineludible: ¿qué clase de autoridad necesita intimidar para poder gobernar? Sepan que la autoridad que se blinda con armas ha renunciado a blindarse con ética; la pistola es el sustituto cuando escasea el coraje moral.
La coartada recurrente para esta práctica es el miedo. “Es por seguridad”, repiten. Pero el miedo no brota del vacío; nace donde la justicia ha sido capturada por intereses espurios, donde la corrupción es la norma de gobierno y donde el poder se ejerce sin legitimidad social.
Quien administra los recursos públicos con opacidad, decide a espaldas del pueblo y protege intereses turbios vive temiendo represalias. Por ello, el arma no es un escudo, sino una delación: confiesa aislamiento político y una autoridad que prefiere el metal a la razón. A ellos decimos: el arma no protege, delata; confiesa una fragilidad ética y una autoridad sostenida en el gatillo, no en la confianza ciudadana.
Cuando las autoridades adoptan los símbolos del mundo criminal, la frontera ética se borra y el ciudadano ya no distingue entre quién debe protegerlo y quién lo amenaza.
Como advierte el Papa para la Jornada de la Paz 2026, no existe paz donde el miedo sustituye a la justicia, ni seguridad donde la violencia se normaliza. La pistola al cinto de un funcionario institucionaliza ese miedo. Es un mensaje silencioso pero violento que dice “aléjate”. Rompe el pacto mínimo de convivencia democrática. ¿Cómo puede un ciudadano confiar en un alcalde o diputado armado? ¿Cómo creer en la imparcialidad de un juez que exhibe un arma como si la ley necesitara un respaldo metálico para ser respetada? La justicia legítima no amenaza; convence. El poder real persuade con normas, no con balas.
No es casualidad que esta ostentación se concentre en corredores estratégicos: rutas, puertos, fronteras y zonas de extracción. Donde circula el dinero ilícito, circula el temor. Sin embargo, el miedo no se disipa con armas; por el contrario, se multiplica. Cada pistola visible eleva la tensión social y legitima que otros se armen “por si acaso”, acelerando una espiral donde la vida humana se devalúa y la muerte termina por banalizarse. Cuando las autoridades adoptan los símbolos del mundo criminal, la frontera ética se borra y el ciudadano ya no distingue entre quién debe protegerlo y quién lo amenaza.
Se argumentará que la ley permite la portación, pero en el ámbito público, lo legal no es sinónimo de legítimo. Quien ocupa un cargo de elección o designación tiene el deber moral de desescalar la violencia, no de ser su principal promotor visual. Si estos funcionarios realmente temen por sus vidas, la pregunta fundamental es otra: ¿qué hicieron, o qué dejaron de hacer, para llegar a ese estado de vulnerabilidad? ¿Qué redes criminales tocaron o qué complicidades sostuvieron?
La pistola al cinto es, en el fondo, un sustituto simbólico. Cuando faltan “blanquillos”, cuando el coraje moral brilla por su ausencia, se recurre al hierro. Es una masculinidad de cartón, una política de apariencias que necesita ser vista para sentirse existente. Guatemala no puede resignarse a que sus autoridades parezcan capos de cualquier organización criminal.
Desarmar la política —en gestos, prácticas y símbolos— es urgente para recuperar la confianza perdida. Porque cuando quienes mandan caminan armados, no es señal de un país seguro, sino de una nación profundamente enferma. Esa enfermedad no se cura con plomo, sino con ética, justicia y una ciudadanía vigilante que exija cuentas, justicia, verdad y paz.
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