La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este martes 17 de febrero que presentó de oficio una denuncia relacionada con posibles adopciones ilegales ocurridas en décadas anteriores, como respuesta a las declaraciones emitidas por un grupo de expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su comunicado oficial, la institución no mencionó nombres específicos ni se refirió a funcionarios implicados, aunque sí afirmó que la acción busca que se realice una investigación que permita establecer responsabilidades legales.

“La PGN, de conformidad con su mandato legal, presentó de oficio la denuncia correspondiente, con el fin de que se realice la investigación que en derecho proceda y se determinen las acciones legales contra quienes resulten responsables de los hechos denunciados”, señaló la entidad.

Los señalamientos internacionales fueron expuestos por varios relatores y especialistas de la ONU, quienes manifestaron preocupación por la existencia de al menos 80 casos de adopciones ilegales de niños indígenas, ocurridas entre 1968 y 1996, durante el conflicto armado interno en Guatemala. Según indicaron, los menores habrían sido víctimas de desaparición forzada y posteriormente trasladados al Hogar Temporal Elisa Martínez, desde donde fueron entregados a familias en el extranjero.

En su pronunciamiento, los expertos vincularon estos hechos a la actual fiscal general, Consuelo Porras, señalando que fue directora del citado hogar y tutora legal de los menores durante parte de 1982. El comunicado fue emitido desde Ginebra el mismo día en que Porras no obtuvo respaldo en su intento de ser electa como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), cargo que le habría otorgado inmunidad.

Porras rechazó públicamente los señalamientos y los calificó como "acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas". A través de un mensaje dirigido al secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que exigirá una revisión y aclaración del contenido difundido por el grupo de expertos.

El pronunciamiento internacional fue firmado, entre otros, por la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, así como por integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En su parte final, el comunicado de la PGN asegura que continuará efectuando las diligencias necesarias conforme a sus atribuciones, sin proporcionar mayores detalles sobre las acciones específicas que se emprenderán en el proceso de investigación.

Con información de AFP

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