Las pesquisas federales en Estados Unidos y República Dominicana revelan que Melitón Cordero, exsupervisor de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), acusado de facilitar la extensión fraudulenta de visas para parientes de narcotraficantes, no actuó solo.

El arresto de Cordero en República Dominicana puso en jaque la estructura diplomática y de seguridad de ambos países, según varias fuentes.

De acuerdo con fuentes citadas por The Washington Post, Cordero facilitó la emisión fraudulenta de 119 visas a familiares directos de narcotraficantes dominicanos.

Añaden que el proceso, que normalmente tarda cerca de un año, se resolvía en cuestión de días tras el pago de US$10 mil en efectivo, según la investigación de la Fiscalía Federal de Estados Unidos.

Por la complejidad del caso, las autoridades descartan que Cordero haya actuado solo. Expertos explican que la tramitación de una visa tipo S, reservada para informantes y testigos con información clave, requiere validación múltiple: recomendación del supervisor, verificación de identidad, revisión de antecedentes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y firma consular.

“Es imposible que un solo funcionario burle todo el sistema de control de la DEA y del consulado sin apoyo interno”, advirtió un informe preliminar del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Además, las pesquisas han descubierto la existencia de “puntos ciegos” generados por otros oficiales, quienes habrían ignorado las alertas a cambio de beneficios económicos.

Investigación en curso

El Departamento de Justicia convocó en las últimas horas a consultas a tres agentes de la oficina de la DEA en Santo Domingo.

Fuentes gubernamentales citadas por medios dominicanos señalan que estos oficiales cofirmaron formularios de “certificación de riesgo”, requisito indispensable para autorizar la entrada de supuestos informantes a territorio estadounidense.

La fiscalía investiga si personal administrativo de la sección consular omitió las entrevistas presenciales a familiares de narcotraficantes, a cambio de pagos.

“Un funcionario con este nivel de acceso no actúa solo. El informe final revelará si participaron empresarios, promotores artísticos o incluso miembros de organismos oficiales”, dijo a medios locales Alberto Sandoval, especialista en seguridad.

El politólogo Luis González señaló que podrían existir vínculos tanto en República Dominicana como en el consulado estadounidense, aunque no descarta que algunos hayan sido engañados.

La gravedad del caso motivó el cierre indefinido de la oficina de la DEA en la capital dominicana. El Departamento de Justicia reveló el 20 de febrero pasado que los beneficiarios de las visas eran, en su mayoría, familiares directos de capos del narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de una estructura de corrupción institucionalizada.

“El arresto de Cordero envía un mensaje negativo al mundo y debilita el esfuerzo bilateral contra el crimen organizado en la región”, añadió Sandoval.

Cordero permanece en libertad bajo palabra y bajo vigilancia estricta, tras comparecer ante un tribunal federal en Estados Unidos.

La audiencia clave está prevista para el 6 de marzo, fecha en la que la fiscalía planea presentar pruebas documentales y grabaciones que podrían obligar a Cordero a delatar a otros implicados de mayor rango.