La demanda presentada por un migrante guatemalteco expulsado a México motivó que un juez federal suspendiera este miércoles 25 de febrero la política del presidente Donald Trump que permite enviar inmigrantes indocumentados a terceros países.

El juez federal de Boston, Brian Murphy, ordenó la suspensión de la medida y otorgó al Gobierno un plazo de 15 días para presentar sus alegatos, debido a “la importancia y la historia inusual de este caso”.

El magistrado centró su resolución en la situación del demandante guatemalteco, quien, pese a contar con una orden judicial que impedía su expulsión a Guatemala —por haber sufrido violencia sexual en el país—, fue enviado a México por autoridades migratorias.

Según la resolución, el migrante fue trasladado en autobús hacia México, donde recientemente había sido víctima de violación, y posteriormente fue reenviado a Guatemala.

Murphy cuestionó si el Gobierno puede, “sin previo aviso, expulsar a una persona al país equivocado, o a un país donde probablemente será perseguida o torturada”.

En su fallo de fondo, el juez declaró “ilegales” las directrices emitidas en marzo por el Departamento de Seguridad Interior (DHS, en inglés), que autorizan expulsiones a terceros países siempre que estos ofrezcan garantías consideradas “creíbles” por el Departamento de Estado de que los deportados no serán perseguidos ni torturados, sin posibilidad de recurso.

El magistrado señaló que, durante el proceso, el Gobierno “violó de manera repetida, o intentó violar, las decisiones de este tribunal”, y mencionó “mentiras” oficiales sobre los temores expresados por el demandante respecto de su expulsión a México.

Murphy, nombrado por el expresidente Joe Biden, ya había bloqueado provisionalmente en marzo del año pasado la expulsión de migrantes asiáticos a Libia y, en abril, la de otros extranjeros a Sudán del Sur, al considerar que quienes fueran enviados a un país distinto del suyo debían ser notificados y contar con un plazo razonable para apelar.

La política de expulsiones a terceros países forma parte del plan de Donald Trump para combatir la inmigración irregular, a la que ha calificado como una “invasión” de “criminales venidos del extranjero”.

El programa de deportaciones masivas ha sido objeto de múltiples fallos judiciales, tanto de suspensión como de aval, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos.

Con información de AFP

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