Estados Unidos
Civitas
Solo por salir del paso
Cuando quienes tienen la responsabilidad de elegir al árbitro electoral actúan sin rigor, lo que se debilita no es solo una institución, sino la confianza en todo el sistema.
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Hay decisiones institucionales que definen el rumbo de un país. Y hay procesos que parecen diseñados únicamente para salir del paso.
La reciente nómina de 20 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral dejó más preguntas que certezas. No solo por los nombres incluidos (varios de ellos ampliamente cuestionados), sino por la forma como la Comisión de Postulación condujo el proceso.
El Tribunal Supremo Electoral no es una institución cualquiera. Es el árbitro de la democracia. Es quien administra las elecciones y quien debe garantizar que la voluntad ciudadana se respete. Precisamente por eso, la ley creó las comisiones de postulación: para que la selección de autoridades de alto nivel no dependa únicamente de acuerdos políticos, sino de un proceso técnico, transparente y basado en méritos. Porque lo que vimos en esta postuladora fue más parecido a un trámite administrativo que a una verdadera evaluación de perfiles.
El primer síntoma fue la negativa a realizar entrevistas públicas a los aspirantes. La Ley de Comisiones de Postulación permite realizarlas precisamente para conocer de forma directa los criterios, trayectoria y visión de quienes aspiran a dirigir instituciones clave del Estado. Sin embargo, la comisión decidió prescindir de ellas, argumentando falta de tiempo, una decisión que incluso fue cuestionada por observadores internacionales que señalaron que sí existía margen para realizarlas.
El segundo problema fue la ambigüedad en uno de los criterios más importantes del proceso: la honorabilidad. La comisión nunca estableció con claridad cómo se discutiría ese concepto. Sin parámetros definidos, la discusión sobre la ética se convierte en una cuestión de interpretación personal. Y cuando la ética depende de interpretaciones, deja de ser un criterio técnico.
Luego vino el momento de calificar expedientes. En lugar de realizar una evaluación colegiada y rigurosa, los comisionados se dividieron en parejas (titular y suplente de cada institución) y se repartieron los expedientes al azar. El resultado fue predecible: perfiles cuestionables obtuvieron puntajes altos, mientras candidatos mejor preparados quedaron rezagados.
Al momento de votar para integrar la nómina de 20 candidatos, ningún comisionado razonó su voto. Ninguno explicó públicamente por qué un candidato merecía estar en la lista y otro no. En un proceso que debería ser ejemplar en transparencia, las decisiones se tomaron sin argumentos públicos.
Lo que vimos en esta postuladora fue más parecido a un trámite administrativo que a una verdadera evaluación de perfiles.
Algo similar ocurrió con las tachas presentadas por ciudadanos contra varios aspirantes. Aunque se recibieron señalamientos, ninguno fue aprobado ni debatido públicamente, lo que convirtió ese mecanismo (diseñado para depurar perfiles cuestionables) en un simple acto protocolario.
El problema es que las instituciones no se deterioran únicamente por malas decisiones políticas. También se debilitan cuando los procesos que deberían protegerlas se vuelven superficiales.
Hoy la pelota está en la cancha del Congreso, que deberá elegir a los magistrados titulares y suplentes del TSE de entre esa nómina. Pero conviene no olvidar una lección básica de la política institucional: cuando el proceso de selección es débil, las probabilidades de elegir bien se reducen drásticamente.
Las comisiones de postulación fueron creadas para elevar el nivel de las decisiones públicas. Las instituciones fuertes no se construyen con procesos improvisados. Y cuando quienes tienen la responsabilidad de elegir al árbitro electoral actúan sin rigor, lo que se debilita no es solo una institución, sino la confianza en todo el sistema.
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