Estados Unidos
De mis notas
Infraestructura capturada por el sistema de in/justicia
Ni para atrás ni para adelante, congelada en un limbo inacabable de juicios.
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Perdemos tanto tiempo discutiendo sobre las “comisiones de la confusión” que olvidamos el cuadro grande de la justicia. ¿Para qué sirve? ¿Está realmente al servicio de la ciudadanía, que al final es la razón de su existencia? A juzgar por los ilógicos y costosos atrasos que el país entero termina pagando, la justicia, en materia de juicios por incumplimientos de contratos de infraestructura, raya en el absurdo.}
Lex simulata, lex nulla.
El costo de un atraso en una carretera, un puente, un puerto o un aeropuerto detenido no se mide solo en concreto, hierro y expedientes. Se mide en horas-hombre perdidas, en fletes más caros, en combustible desperdiciado, en maquinaria parada, en retrasos con terceros y, más allá de todo eso, en oportunidades que el país deja pasar mientras los procesos judiciales se llenan de telarañas.
Actualmente hay retrasos en una gran cantidad de obras del Estado debido a impases judiciales. Es decir, obras atrapadas en el limbo jurídico, en un estado de parálisis tan evidente como ilógico. Ni para atrás ni para adelante, como si estuvieran congeladas en el tiempo. Y, mientras tanto, el beneficio de esa infraestructura yace muerto, inerte, sin prestar servicio alguno, sin cumplir su razón de ser.
Menciono solo algunos de los casos más evidentes y costosos. Basta ver lo que ocurre en corredores clave hacia la Costa Sur, donde los atrasos, las restricciones de paso y los entrampamientos absurdos que arrastran ciertas obras han terminado por convertir rutas estratégicas en focos permanentes de demora. El costo no se mide solo en tráfico: se mide en horas-hombre perdidas, en fletes más caros, en combustible desperdiciado y en actividad económica frenada. Las pérdidas son multimillonarias, no solo en costos operativos, sino también en costos de oportunidad.
El aeródromo de Puerto San José es otro patético ejemplo. La más importante y estratégica conexión aérea del país, por su ubicación en la Costa Sur y su cercanía con Puerto Quetzal, lleva años paralizado. A inicios del 2026 seguían proyectos suspendidos, uno rescindido y sin ruta clara para concluir la obra. Se han invertido cientos de millones y, aun así, el aeropuerto no cumple todavía la función para la cual fue concebido. El país pierde, la Costa Sur pierde y el círculo vicioso continúa.
El mismo problema enfrenta el estadio Doroteo Guamuch Flores (¿para que cambiarle el nombre si todos seguimos llamándole “Mateo Flores?). Todo un estadio nacional, epicentro del deporte guatemalteco, atrapado también en el tiempo legalista. La remodelación sigue detenida; el contrato anterior fue rescindido y, hasta fines de febrero del 2026, ni siquiera había arrancado un nuevo proceso de licitación. Papeles van y vienen, pero la obra sigue sin servirle al país. Goleada contra el pueblo…
Da pena tener que revivir traumas viejos del mundo de la injusticia absurda. El caso Odebrecht quizá fue el ejemplo más claro: una carretera estratégica del país ha quedado durante años entre tramos a medio hacer, puentes inconclusos y cláusulas contractuales que terminaron favoreciendo al incumplido “corruptor”, mientras el ciudadano sigue pagando la factura.
Sí, señores de la justicia de los incumplimientos y retardos, todavía nos acordamos de las escaleras del aeropuerto La Aurora. El retrato de un país hundido en los paroxismos de sus arcaicos sistemas de justicia.
Pero sigamos montando el espectáculo de siempre para elegir jueces y magistrados, como si el problema fueran únicamente los rostros y no el sistema enfermo que nos ha llevado a este pantano.
Viene a la memoria una vieja idea socrática: que no hay injusticia peor que la que se disfraza de justicia.
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