Ha transcurrido más de un año desde el 2 de febrero del 2025, fecha en que entró en vigencia el Decreto 29-2024, que creó la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), entidad que tendrá a su cargo el mantenimiento y la atención de los principales corredores viales del país.

Sin embargo, la entidad aún no ha iniciado operaciones. Según integrantes del directorio, diversos factores han retrasado su instalación, entre ellos el incumplimiento de plazos establecidos en la ley, la falta del reglamento, la ausencia de una estructura presupuestaria, la falta de acuerdos para definir el salario de la gerencia y la inasistencia de algunos funcionarios públicos a las reuniones.

Mariano Rayo, suplente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) ante la DIPP, indicó que el directorio enfrenta retrasos respecto a los plazos que estableció el Congreso en la normativa. “Observo e identifico en las instituciones públicas que tienen la mayoría en el directorio, sin voluntad para poner a operar la DIPP”, afirmó.

La DIPP está integrada por representantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y el Ministerio de Economía (Mineco). Del lado del sector privado participan el Colegio de Ingenieros de Guatemala y Cutrigua.

De acuerdo con Rayo, entre noviembre del 2025 y principios de febrero del 2026 no se realizaron reuniones del directorio. A ello se suma que el reglamento de la ley aún no ha sido publicado. “La suma de todo eso me lleva a la conclusión de que no hay ningún interés real de que la DIPP opere”, expresó.

LECTURAS RELACIONADAS

4 de 5 votos: el consenso que falta para que la DIPP arranque y pueda operar proyectos viales

La DIPP no sesiona desde hace dos meses y se retrasa mantenimiento en vías nacionales

Ministros sin participar

Según Rayo, en la sesión inicial de constitución del directorio participaron los titulares de las instituciones que integran el organismo. “En esa primera reunión de constitución sí estuvo el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; la ministra de Economía, Gabriela García; el representante del Colegio de Ingenieros y la presidenta de Cutrigua, Carmen Abril; además de los suplentes”, explicó.

No obstante, señaló que la participación posterior de algunos funcionarios ha sido limitada. “Desde esa fecha, el ministro de Finanzas no volvió a aparecer”, indicó. En el caso del Ministerio de Economía, afirmó que la titular participó durante los primeros meses. “La ministra de Economía participó unos dos o tres meses y desde entonces dejó de asistir”, comentó.

Respecto del Ministerio de Comunicaciones, explicó que la participación ha sido variable. “El coronel Miguel Ángel Díaz Bobadilla, cuando tomó posesión, presidía; después se ausentó un tiempo”, dijo. Al asumir la cartera la actual ministra, Norma Lissette Zea, su participación ha sido irregular. “La actual ministra ha participado en un par de reuniones y el resto lo ha delegado al viceministro de Infraestructura”, señaló.

Ante consultas de este medio, el CIV indicó que la ministra Zea ha presidido las sesiones del directorio de la DIPP. Según la institución, en algunas reuniones recientes la ministra no ha participado debido a compromisos de agenda, por lo que la presidencia ha sido asumida por el director suplente.

“En reuniones recientes y debido a compromisos de agenda impostergables, se ha procedido conforme al marco legal vigente, en atención al artículo 10 del Decreto 29-2024 y al Reglamento de Sesiones del Directorio de la DIPP”, indicó la cartera.

El CIV explicó que el reglamento establece que las sesiones serán presididas por el presidente del directorio y, en su ausencia, por el suplente designado. “En ese sentido, el viceministro de Infraestructura, en su calidad de director suplente, ha asumido la presidencia de forma eventual, garantizando la continuidad de las sesiones y el adecuado seguimiento de los compromisos institucionales”, señaló la institución.

También se le solicitó postura al Minfin y al Mineco, por medio de sus departamentos de Comunicación, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), señaló que la implementación de la entidad representa un cambio en el modelo de gestión de la infraestructura vial.

"Es una indolencia que no existan prioridades por parte del Ministerio de Comunicaciones, para aprovechar un cambio de modelo que permita mayor transparencia y calidad de gasto público para la inversión en carreteras en el país", afirmó.

Sin definir salario de la gerente

Otro de los temas pendientes es la definición del salario de la persona que ocupará la gerencia de la DIPP. Rayo explicó que, cuando se abrió la convocatoria para el proceso de selección, se estableció que el salario debía ser competitivo para atraer perfiles técnicos especializados.

Agregó que el cargo tiene restricciones establecidas en la ley. “No solo es el salario. El gerente no percibe dietas y no puede dedicarse a ningún otro tema que no sea la gerencia, salvo temas educativos”, explicó.

También señaló que la normativa estableció que la escala salarial de la DIPP debía diferenciarse de otros esquemas del sector público. “La misma ley dice que el salario tiene que ser competitivo, acorde con condiciones de mercado. Incluso se modificó la Ley de Servicio Civil y la Ley de Salarios para excluir a la DIPP de la aplicación de esas normativas”, indicó.

El gerente también ejercerá como secretario del consejo directivo y no recibirá dietas por participar en las sesiones. “Si uno suma todo eso, el mensaje del Congreso fue que para el caso de la gerencia y de toda la escala salarial de la DIPP no se pueden aplicar los criterios ordinarios del sector público”, afirmó.

Claudia Cáceres fue la persona seleccionada para estar al frente de la DIPP, fue confirmada en octubre del 2025. “La gerente está desde octubre confirmada. No ha percibido un solo centavo, no le han dicho cuándo le van a pagar ni si le van a pagar retroactivamente. Hay una violación a los derechos de la gerente y eso es responsabilidad del sector público dentro del directorio”, señaló.

También indicó que el directorio deberá resolver el tema salarial en las próximas reuniones. “La próxima reunión, lo más pronto que la veo, sería alrededor del 8 o 9 de abril”, dijo. Advirtió que, si no se logra un acuerdo, podría generarse una nueva vacante en el cargo. “Si ella no acepta, mi temor es que renuncie y habría que empezar de cero”, comentó.

Falta de consensos

Rayo también señaló que algunas decisiones dentro del directorio han requerido votaciones debido a la falta de consenso entre sus integrantes. “La ley es clara: se necesita una mayoría simple de tres votos para algunas decisiones y una mayoría calificada de cuatro para otras”, explicó.

Según indicó, en varias ocasiones las decisiones las ha tomado el sector público con respaldo del Colegio de Ingenieros. “Cutrigua ha considerado que es algo correcto; votamos y muchas veces alcanzamos los cinco votos. En otras, donde hemos expresado nuestra objeción y fijamos voto razonado, ellos pasan con mayoría simple o mayoría calificada las decisiones. Y la calificada la han obtenido hasta la fecha involucrando al Colegio de Ingenieros”, dijo.

Añadió que uno de los puntos que generó diferencias fue la decisión de ubicar administrativamente a la DIPP dentro del CIV. “Cuando empezamos a tener dificultades fue en la discusión en la que el oficialismo insistía en que tenía que ser una entidad debajo del ministro de Comunicaciones. Ahí ellos tomaron la decisión cuatro a uno y ahí empezó el retroceso del trabajo”, afirmó.

La carencia de consensos se ve reflejada en el estado actual de las carreteras en el país y lo sufren los guatemaltecos todos los días. “El hecho de que se creó una ley con la finalidad de recuperar la red vial centroamericana y ponerla a estándares modernos, y ni siquiera se ha logrado tener el reglamento”, señaló.

Agregó que actualmente la entidad aún no cuenta con recursos ni estructura operativa. “No hay reglamento, no hay dinero, no hay personal, no hay técnicos. Todo el deterioro que observamos es consecuencia de esa inacción provocada por el oficialismo en acompañamiento del Colegio de Ingenieros”, indicó.

Cronograma con plazos incumplidos

13 meses y 22 días de atraso

• Desarrollar módulos de sistemas financieros y estructura financiera de la DIPP. Responsables: Minfin, Segeplan y directorio de la DIPP. Plazo: 30 días desde la vigencia de la ley.
• Desembolso de Q10 millones para fondo operativo y Q20 millones para infraestructura. Responsable: Minfin. Plazo: 30 días desde la vigencia de la ley.

4 meses y 21 días de atraso

• Emisión del reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Responsable: Organismo Ejecutivo. Plazo: 10 meses desde la entrada en vigencia de la ley.

En 1 mes y 2 días

• Contratación o convenio para la primera evaluación del estado de la infraestructura vial prioritaria. Responsable: Gerencia de la DIPP. Plazo: seis meses después de que el gerente tome posesión. Fecha límite: 25 de abril de 2026.