La declaración de Amelia Flores, exministra de Salud durante el gobierno del partido Vamos, es una pieza clave en el expediente a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por la compra de las vacunas Sputnik V con el gobierno ruso.

Flores indicó a la FECI que recibió una llamada para reunirse en la Casa Presidencial con el entonces presidente Alejandro Giammattei.

“Ahí le habían sugerido la compra de las vacunas Sputnik”, dijo el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, durante una conferencia de prensa este 26 de marzo.

Según Curruchiche, se analizaron más de 12 denuncias y declaraciones ante la Fiscalía para determinar si el expresidente Alejandro Giammattei y el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez están implicados en las anomalías en la compra de vacunas.

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Como parte de la investigación, en el 2024 solicitaron apoyo a la Federación de Rusia y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 26 de febrero pasado, para documentar la posible participación de Giammattei y Martínez en la compra de las dosis contra el covid-19.

De acuerdo con la FECI, los Q614 millones que pagó el Estado de Guatemala a Rusia por las vacunas contra el coronavirus fueron depositados en un banco en Estados Unidos y, posteriormente, en cuentas particulares y otros bancos en Moscú, Rusia.

Las comunicaciones que ha tenido la fiscalía con el Departamento de Justicia de EE. UU. les hacen presumir que Martínez recibió parte del dinero que pagó Guatemala por las vacunas.

Agregó que, ante estas transacciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de EE. UU., sancionó a Martínez el 1 de diciembre del 2023 bajo la Ley Magnitsky.

EE. UU. señaló al exjefe de Gobierno y mano derecha de Giammattei por estar "involucrado en esquemas generalizados de soborno, incluyendo esquemas relacionados con contratos gubernamentales" en la compra de vacunas rusas Sputnik.

Según el medio EP Investiga, las pruebas clasificadas del caso contra Martínez en Estados Unidos fueron recibidas el 23 de febrero pasado por Beryl Alaine Howell, quien analizará los documentos para respaldar la sanción.

La FECI dijo que son esos documentos los que fueron requeridos a EE. UU. para continuar las pesquisas contra el exjefe de Gobierno.

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¿Por qué el MP no solicitó el retiro de inmunidad contra Giammattei?

Curruchiche señaló que el expresidente Giammattei continúa gozando de inmunidad, debido a que ahora es diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), y esperarán a que concluya su período, en el 2028, para investigarlo.

“Esperaríamos que es mejor que el señor Giammattei termine su período en el Parlamento Centroamericano y ya no gozaría de antejuicio para iniciar las diligencias correspondientes”, comentó.

El fiscal dijo que no solicitaron despojar de inmunidad a Giammattei debido a que los elementos que tiene el MP hasta el momento son los mismos por los que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad rechazaron los amparos que promovió el entonces diputado Aldo Dávila.

“El diputado en ese momento, Aldo Dávila, presenta una querella penal en el Centro Administrativo de Gestión Penal de Tribunales y lo remiten al Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal. El juez se inhibe y remite las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios. Este antejuicio fue rechazado”, explicó.

Además, indicó que la Corte de Constitucionalidad resolvió un amparo de Dávila.

“Básicamente, las diligencias de antejuicio que en su momento se habían pensado plantear son estos mismos hechos con los cuales ya la Corte de Constitucionalidad resolvió”, señaló.

Sobre el origen de la negociación de las vacunas, el jefe de la FECI señaló que existe una línea de investigación relacionada con una supuesta llamada desde Casa Presidencial.

“Este punto es muy importante porque en la denuncia y en algunas declaraciones que se recibieron se había hecho mención por parte de la exministra y que ella lo dijo en algún medio de comunicación también, que había recibido una llamada a Casa Presidencial y que ahí le habían sugerido la compra de las vacunas Sputnik”.

Ante esta llamada y reunión, la FECI comentó que solicitó una asistencia legal mutua a la Federación de Rusia el 15 de octubre del 2024, pero hasta el momento Rusia no ha remitido la información.

El fiscal subrayó que la demora no depende de Guatemala. “Básicamente, con Rusia llevamos prácticamente dos años y ellos sí recibieron y no han confirmado todavía cuándo podrían enviar la información. Recuerden ustedes que las asistencias que se solicitan a los países no están sujetas a plazos”.

Capturas contra exfuncionarios de Alejandro Giammattei

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), minimizó el caso de compra de las vacunas Sputnik V, pues señaló que no era "el gran caso de corrupción" y explicó que un juez autorizó órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Salud.

Los funcionarios trabajaron durante el gobierno de Alejandro Giammattei y están señalados por anomalías en la compra de las vacunas Sputnik a Rusia durante la pandemia del covid-19.

Curruchiche comentó que los exfuncionarios requeridos por la justicia son:

1. María Amelia Flores González, exminstra de Salud, por los delitos de falsedad ideológica, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
2. Nancy Pezzarossi, exviceministra de Salud, por el delito de abuso de autoridad.
3. Rommel Noguera Ávila, exjefe financiero del Ministerio de Salud, por el delito de abuso de autoridad.
4. Erick Delgado Urbina, por el delito de abuso de autoridad.

El jefe de la Feci comentó que el Juzgado Cuarto B de Primera Instancia Penal autorizó las órdenes de aprehensión, pero no los allanamientos contra los sindicados.

El caso de las vacunas Sputnik

En febrero del 2022 caducaron los primeros lotes de la vacuna Sputnik V contra el covid-19 que Guatemala compró a Rusia y, como efecto dominó, el 30 de abril de ese mismo año vencieron los últimos viales. A causa de ello, se desperdiciaron 4 millones 824 mil 524 dosis.

Este 26 de marzo, durante una conferencia de prensa, Curruchiche dijo que se pidió ayuda a dos países para llevar a cabo la investigación por la compra de las dosis contra el covid-19.

El fiscal comentó que hay diputados que han querido sacar provecho del caso para ganar adeptos y desinformar sobre los avances.

Curruchiche indicó que recibieron 13 denuncias, cinco de ellas por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), por el acuerdo de confidencialidad y el proceso de compra.

Comentó que la CGC señaló irregularidades en el convenio, el contrato y la facultad de firmar la compra de las vacunas. Mientras que otras cuatro denuncias fueron presentadas por diputados al Congreso de la República, con argumentos similares. Las otras cuatro quejas fueron de dos ciudadanos.