Recibí la invitación para asistir a una reunión, el miércoles 29 de abril de 2015, que es usual que la convoquen cuando hay importantes temas fiscales. Confirmé mi participación. Más adelante recibí un segundo correo que no leí, porque pensé que era lo mismo, y este tenía consecuencias distintas.

Llegué a la reunión que me habían citado, saludé como es usual entre los colegas, y la reunión tardó poco en empezar. Cuál sería mi sorpresa cuando vi entrar al presidente de la República, Otto Pérez Molina, al ministro de Finanzas, Dorval Carías, y al ministro de Relaciones Exteriores, a quien no conocía y quien es profesional de carrera de ese ministerio.

La reunión dio inicio. El presidente hizo una exposición larga del problema fiscal, que brincó cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destapó la olla señalando una defraudación aduanera mayúscula. Seguidamente, algunos de los asistentes tomaron la palabra y me sentí bastante sorprendido por la forma tan fuerte como se trató el problema.

En conclusión, se observó que el problema era tanto de carácter político como de carácter técnico tributario.

Obviamente la solución política la tiene el Gobierno de la República, y el G40 simplemente puede aportar soluciones técnicas. Sin embargo, el problema es muy grande no solo para el gobierno actual, que entregará el cargo en pocos meses, sino para el siguiente y subsiguientes.

Ningún gobierno puede manejarse con una moral tributaria caída y sin la señal clara de la honradez en el manejo de las finanzas públicas.

Reunión con el Jefe de la CICIG

De nuevo el G40 se reunió, solo que esta vez con el comisionado de la Cicig, doctor Iván Velásquez. Fue una reunión informativa, en la que el jefe de la Cicig informó la forma como se habían hecho las investigaciones, el planteamiento de la captura de los presuntos involucrados, la actuación de los jueces y otros detalles.

En la conversación señaló el jefe de la Cicig el tema del secreto bancario en Guatemala y la importancia de lograr incautar los bienes de los implicados. Dado que el país se encuentra en un proceso electoral, se trató también sobre el financiamiento de los partidos políticos.

Aprovechando su experiencia, se le pidió que explicara cómo se manejan estos asuntos en Colombia. Indicó que ningún funcionario público goza de antejuicio, ni los diputados pueden cambiarse de partido, so pena de perder la curul. Concluyó señalando la conveniencia de la independencia de los jueces, siendo la base de la misma la carrera judicial. Esta última requeriría una reforma constitucional.

Fue una inmersión en temas de investigación como las que aparecen en los programas de televisión, relacionados con la persecución de los malos.

¿Qué hacer?

El Gobierno Central tiene un problema serio. La apertura del proceso electoral recién declarado por el Tribunal Supremo Electoral, el sábado 2 de mayo de 2015, complica la solución porque se requieren medidas en el Congreso de la República, como por ejemplo la reforma a la Ley Orgánica de la SAT, que se desconoce si podría aprobarse en 2015.

También el Gobierno invitó a algunas personas a apoyar la solución al problema tributario, pero estas han manifestado que no estarán en la coyuntura, sino en la solución a largo plazo que en el caso específico de la SAT requiere la revisión de su Ley Orgánica.

Algunos centros de investigación podrían aportar su experiencia, entre ellos el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Siempre se requerirá la voluntad política de querer hacer. Alguien tiene que ser el mártir de la solución fiscal.

El G40, en el largo comunicado que emitió, hace una invitación para integrar una Instancia Nacional contra la Corrupción para analizar, proponer y fiscalizar las medidas y acciones que deban tomarse en los próximos meses en esta materia.