Estados Unidos
Políticas públicas
El espejismo de las postuladoras
No despolitizaron las designaciones: politizaron la academia.
|
Hace unas semanas abordé las elecciones de segundo grado desde la óptica del riesgo-país. Hoy conviene mirarlas desde otro ángulo: el de las lecciones institucionales que están dejando. En 2026, Guatemala está renovando piezas claves de su arquitectura institucional —Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría—, procesos que, aunque indirectos, definen el funcionamiento efectivo del Estado de derecho. Se trata de un ciclo concentrado de decisiones que reconfiguran el balance de poder.
La apuesta por el sistema que subyace a estos procesos —el de comisiones de postulación— fue, en su origen, ambiciosa: despolitizar las designaciones y elevar la calidad de los funcionarios. Hoy, a la luz de los hechos, hay que admitir que esa apuesta no ha cumplido sus objetivos. El problema de fondo es de diagnóstico, no de procedimiento. Se quiso eliminar la política de un proceso que es, por naturaleza, político. El resultado ha sido paradójico: no se despolitizaron las decisiones, sino que se trasladó la política —y, en muchos casos, sus peores prácticas— hacia espacios (la academia y los gremios profesionales) que no estaban diseñados para procesarla.
La evidencia es clara: los procesos mantienen formalidades —convocatorias, tablas de gradación, evaluaciones—, pero las decisiones relevantes suelen tomarse fuera de esos espacios. Persisten señales de captura, negociación previa y discrecionalidad, mientras que la transparencia, aunque mayor, no se traduce en rendición de cuentas efectiva. El resultado es un sistema que combina lo peor de dos mundos: ni asegura independencia ni garantiza responsabilidad. A diferencia de los políticos elegidos, los comisionados no rinden cuentas ante la ciudadanía. Y, a diferencia de sistemas abiertamente políticos, el proceso carece de mecanismos claros de responsabilidad por las decisiones tomadas.
Las democracias avanzadas no eliminan la política de estos procesos.
Sería injusto ignorar los avances. En este ciclo se han cumplido plazos, ha habido participación amplia y observación relevante. Pero esos logros, siendo valiosos, no compensan los problemas estructurales: opacidad en decisiones claves, exclusión de perfiles idóneos y dudas persistentes sobre la calidad de las designaciones. La conclusión incómoda es que “el remedio salió peor que la enfermedad”. La solución de fondo —revertir el modelo constitucional y devolver la responsabilidad a autoridades electas, bajo esquemas de nombramientos escalonados y contrapesos— es conceptualmente sólida, pero políticamente compleja. Las democracias avanzadas no eliminan la política de estos procesos; la ordenan y la hacen responsable.
Mientras tanto, hay un espacio más realista de reforma. Si el sistema de postuladoras va a persistir, debe corregir sus incentivos. Eso implica, al menos, tres ajustes. Primero, reconocer explícitamente la naturaleza política del proceso: negarla solo la desplaza hacia la informalidad. Segundo, abandonar el formalismo vacío: la evaluación debe centrarse en mérito sustantivo —trayectoria, independencia, criterio— y no en acumulación mecánica de puntos. Tercero, mejorar la integración y operación de las comisiones: reglas claras de conflicto de interés, estándares mínimos para quienes participan y trazabilidad real de las decisiones.
En el fondo, el problema no es quién decide, sino bajo qué incentivos decide. Las elecciones de segundo grado de 2026 están dejando una lección que conviene no desaprovechar: las instituciones no se blindan sustituyendo actores, sino diseñando sistemas donde las decisiones correctas sean, también, las más convenientes para quienes las toman.
ESCRITO POR:
