Estados Unidos
De mis notas
Agenda ajena, Estado roto
El problema no es la agenda, es quien la va a cumplir.
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El análisis de Diestra publicado esta semana pone el dedo en la llaga: la llegada simultánea del embajador Juan José Rodríguez y del nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, cambia las reglas del juego. Washington abandona la narrativa anticorrupción y abraza una agenda de seguridad transaccional —migración, narcotráfico, crimen organizado—, mientras el nuevo fiscal llega con credenciales técnicas, pero hereda una institucionalidad en crisis. El análisis es agudo y, en lo esencial, correcto. Lo que no dice es igualmente importante: Guatemala tiene una capacidad limitada para cumplir con cualquier agenda, incluyendo la de su principal socio estratégico.
Enfrentar el crimen transnacional como socio desafía cualquier lectura realista de los hechos.
El sistema de justicia que deberá ejecutar esta hoja de ruta está por los suelos. El Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project ubica a Guatemala con apenas 0.44 sobre 1.0. La justicia criminal es el talón de Aquiles: la investigación penal saca 0.20, los procesos se retrasan por razones injustificadas con 0.13, y el sistema penitenciario apenas llega a 0.15. Es la radiografía de un sistema que no investiga, no sentencia a tiempo y no rehabilita. La justicia no se arregla con buenos nombramientos. Necesita reingeniería de fondo.
El problema, sin embargo, va mucho más allá de los tribunales. Guatemala arrastra una enfermedad sistémica. El sistema político es clientelar, secuestrado por intereses que siempre anteponen el botín electoral a cualquier agenda de país. El Congreso aprobó para 2026 el Presupuesto más alto de la historia: Q163 mil 783 millones, financiado en más de un 22% con deuda. Lo aprobaron de madrugada, entre negociaciones oscuras, con una asignación récord de Q10 mil 800 millones para los Codedes, el instrumento favorito del clientelismo municipal. Más plata, mismo vicio para repartirla. El resultado es siempre el mismo: gasto que no se traduce en nada concreto para la gente.
A eso hay que sumarle la debilidad del liderazgo ejecutivo. Las encuestas lo dicen sin ambigüedad: Arévalo no ha logrado construir los consensos necesarios para impulsar reformas ni para resolver lo que más duele a ciudadanos y empresarios. Justo es decir que el abandono de la infraestructura —carreteras, puertos, aeropuertos— viene de siete gobiernos atrás. Pero lo que sí cae en su cancha es la lentitud para tomar decisiones de corto plazo y un presupuesto que engorda el gasto corriente mientras la inversión se queda corta. Hay una diferencia entre administrar bien y gobernar con visión. Aquí se administra.
Como si fuera poco, el Estado tiene grietas que nadie ha podido tapar: reos que se fugan, cárceles colapsadas, hackeos a instituciones tan sensibles como el Decam y el TSE. La seguridad digital es tan precaria como la física. Pensar que, en ese escenario, Guatemala puede convertirse en el socio operativo que Washington necesita para enfrentar el crimen transnacional desafía cualquier lectura realista de los hechos.
Todo esto pasa justo cuando los partidos ya entraron en modo de cacería electoral. Las próximas elecciones no son una distracción del problema; “son” el problema. Una competencia descarnada por el presupuesto y el poder institucional, donde la agenda del país termina, como siempre, postergada.
La justicia se convierte en herramienta de la agenda de seguridad. Pero la pregunta de fondo no es si el fiscal y el embajador logran coordinarse. Es si Guatemala puede ser algo más que el tablero donde Washington y el crimen organizado juegan sus propias partidas.
Como se lee en el dólar: In God we trust….
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