Una discusión en redes sociales ha escalado hasta la misma Presidencia, que asegura que ya notificó oficialmente la designación de Gabriel García Luna como el nuevo fiscal general a partir del próximo domingo.

La discusión surgió por la negativa del Ministerio Público de comenzar un proceso de transición hasta que se publique en el Diario de Centro América el acuerdo gubernativo 23-2026, el cual designa a García Luna como el sucesor de Consuelo Porras como jefe del Ministerio Público.

“Este es un tipo de acuerdo gubernativo que, por su naturaleza, no requiere de publicación en el diario oficial”, respondió la mañana de este martes 12 de mayo el secretario general de la Presidencia, Gerardo Guerrero.

El secretario fue más allá y recordó que tan solo tres presidentes en los últimos 32 años han publicado los acuerdos gubernativos de su designación de fiscal general, lo que, según él, confirmaría el criterio de que no le resta validez el publicar en el diario oficial el documento.

¿Quiénes lo publicaron?

Registros compartidos desde la Presidencia señalan que desde 1994 solo tres presidentes decidieron publicar su acuerdo gubernativo de designación de fiscal general.

En esa cuenta, Ramiro de León Carpio, el 6 de mayo de 1994 firmó el acuerdo 147 para designar a Ramsés Cuestas Gómez como fiscal general; sin embargo, el documento no se publicó en el diario oficial.

Álvaro Arzú, el 10 de mayo de 1996, decidió remover a Cuestas Gómez y en su lugar nombró a Héctor Hugo Pérez Aguilera bajo el acuerdo gubernativo 99-96, y lo publicó en el Diario de Centro América el 13 de octubre de ese mismo año.

Arzú, dos años después, el 6 de mayo de 1998, decidió renovar al jefe del MP y en su lugar colocó a Adolfo González Rodas bajo el acuerdo 20-98, documento que no publicó en el diario oficial.

Cuatro años después, la designación de Carlos David de León Argueta se respaldó con el acuerdo gubernativo 32-2002, firmado por Alfonso Portillo, quien tampoco publicó el documento.

Óscar Berger decidió publicar el acuerdo 84-2004 que designaba a Juan Luis Florido como fiscal general, tan solo un día después de firmarlo, el 25 de febrero del 2004.

La renovación del mandato de Florido, en el 2006, aunque la hizo Berger, esta vez decidió no publicarla.

Entre 2008 y 2014 ninguna designación se publicó en el diario oficial, por criterios asumidos por las administraciones de Álvaro Colom, que en tres ocasiones emitió acuerdos gubernativos para las designaciones de José Amilcar Velásquez Zarate, Conrado Reyes Sagastume y Clauda Paz y Paz.

Tampoco Otto Pérez Molina publicó el acuerdo 90-2010, que designaba a Thelma Aldana como jefa del MP.

Fue hasta el 4 de mayo del 2018, que la administración de Jimmy Morales publicó en el Diario de Centro América el acuerdo 22-2018 que designaba a María Consuelo Porras como fiscal general; y, Alejandro Giammattei, el 16 de mayo del 2022 decidió renovar por un segundo periodo a Porras sin publicar en el diario oficial el acuerdo 25-2022.

¿Qué sigue?

El Ministerio Público, a través de una comunicación oficial, respondió al diputado José Chic que no comenzarán la transición hasta que se publique el acuerdo de designación desde el Ejecutivo.

“Con base al principio de legalidad que rige la actuación administrativa, actualmente esta institución se encuentra imposibilitada de establecer formalmente un cronograma oficial de transición”, respondió el Ministerio Público en la carta, firmada por Julia Juárez, primera subsecretaria general de la institución.

Un argumento que, según Guerrero, no tendría sustento legal porque los acuerdos gubernativos cuando son de carácter administrativo, su validez no depende de la publicación en el diario oficial.

No obstante, sí se notificó con copias certificadas del acuerdo a la Fiscalía “para que el Ministerio Público se pone en contacto con el doctor García Luna para indicarle el momento en el que tiene que acudir a tomar posesión del cargo”, explicó el funcionario del Ejecutivo.