Estados Unidos
Criterio urbano
Drogas, armas y efectivo: el desafío de la región
¿Cómo el Congreso de Guatemala puede ayudar?
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El documento Drogas, armas y efectivo, una amenaza estratégica para las Américas, elaborado en 2025 por Cacif y Fundesa, lo dice claro: Centroamérica ya no es simplemente una zona de tránsito para el crimen organizado. Es un centro de operaciones. Las mismas redes que mueven toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa también transportan personas, armas y dinero ilícito. Todo al mismo tiempo. Todo interconectado.
La solución es clara: hay que seguir la ruta del dinero.
La magnitud del problema impresiona. Después de más de cuatro décadas de inversión global en combate al narcotráfico, más de US$1 mil 500 millones según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los carteles no solo sobreviven: evolucionan. Se diversifican hacia el tráfico de personas, la extorsión, el cibercrimen y el lavado de activos. Utilizan criptomonedas para mover dinero. Explotan las rutas migratorias para transportar droga y armas. Y cuando les cierran un corredor, abren otro.
Lo más inquietante no es la sofisticación de los criminales. Es que los migrantes, personas que deciden buscar una mejor vida en el norte, se han convertido en una mercancía más dentro de este sistema. Los carteles les cobran cuotas de paso, los usan como mulas, los explotan sexualmente o los emplean como señuelo para movilizar contrabando. Lo que comienza como una búsqueda desesperada de seguridad termina, con demasiada frecuencia, en capas de explotación.
Este ciclo se alimenta de la debilidad institucional, la corrupción, sistemas judiciales desfinanciados y la fragmentación política que crean vacíos, que el crimen organizado necesita para operar. Las organizaciones criminales infiltran cuerpos policiales, manipulan procesos judiciales y financian campañas para comprar impunidad. En ese entorno, hasta las reformas bienintencionadas mueren antes de nacer. El costo económico es real. Guatemala atrae cada vez más inversión extranjera directa, un crecimiento acumulado del 74% desde 2021 hasta 2024. Es una señal de confianza que el país debe proteger.
El Congreso tiene una solución importante: la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y esto no es un trámite burocrático. Es la primera línea de defensa del sistema financiero guatemalteco frente al dinero que financia sicarios, extorsionadores y traficantes. Frente a todo esto, la respuesta de Guatemala no puede limitarse a operativos policiales. Necesita también cerrar las puertas que el sistema financiero le abre al crimen organizado. Y aquí es donde el debate legislativo en el Congreso se vuelve urgente, concreto y ético.
La iniciativa 6593, ley antilavado, aprobada en tercer debate en abril de este año, no ha logrado los 107 votos requeridos para su redacción final. Los obstáculos no son técnicos, son políticos, pero seguro que en estos días varios diputados están ya buscando consensos, porque son más la mayoría que entiende la oportunidad para Guatemala. El sector privado guatemalteco entiende esto. Cacif y Fundesa firmaron con su nombre en el reporte más serio que el empresariado regional haya producido sobre seguridad en años.
Este se vuelve el momento más importante para el Congreso para poder actuar. La sesión extraordinaria de principios de junio será clave para aprobarla. Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris internacional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. La propuesta plantea un enfoque con base en el riesgo y fortalecer la capacidad institucional; el país puede seguir avanzando.
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