Estados Unidos
Punto de encuentro
¡Por fin se fue Consuelo!
Ocho años al frente del MP dejaron un saldo desolador en términos de lucha contra la impunidad.
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Llegó finalmente el día en el que podemos escribir este titular en las notas de prensa o en una columna de opinión como la mía. Ocho años de María Consuelo Porras Argueta al frente del Ministerio Público (MP) dejaron un saldo desolador en términos de lucha contra la impunidad, defensa del Estado de derecho y resguardo de la democracia.
Por el contrario, hicieron avanzar la violencia, el aumento de los delitos graves, la persecución penal indebida y selectiva, y estuvieron a punto de consolidar —a no ser por el liderazgo y la dignidad de los pueblos indígenas— un régimen autoritario a partir del desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas en 2023.
La gestión de Porras Argueta se desentendió de la investigación y persecución penal de redes criminales que inhiben el desarrollo de Guatemala, al tiempo que dirigía los recursos y capacidades del MP en contra de los actores democráticos, las voces críticas, el periodismo independiente, los liderazgos sociales, universitarios y ancestrales, y las y los operadores de justicia que abanderaron casos emblemáticos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Y ese impacto se mide en el aumento de la vulnerabilidad de la población frente al crimen, en la larga lista de personas que se vieron forzadas a salir al exilio o están enfrentando cárcel y procesos judiciales espurios, y en garantizar protección e impunidad para quienes delinquen.
En un apretado resumen, las estrategias para convertir al MP en un instrumento de persecución arbitraria, castigo y venganza se basaron en el desmantelamiento de la carrera fiscal; el archivo y la desestimación de casos relevantes; el litigio malicioso para retrasar procesos judiciales; la fabricación de expedientes como estrategia de persecución política; la reserva como método permanente para evitar rendir cuentas de investigaciones carentes de sustento; las componendas con jueces, juezas, magistrados y querellantes para suspender audiencias y extender hasta el infinito la prisión preventiva sin justificación; y la remoción, despido y traslados de personal de fiscalías claves para debilitarlas y cooptarlas.
La salida de Porras Argueta y parte de su primer círculo no garantiza la neutralización de las redes internas.
En contraposición, también se impuso como método de trabajo: la clausura de procesos; la suspensión o entrampamiento de investigaciones; la protección oficiosa de actores de poder político, económico e ilícito; el desvío de la persecución penal hacia los denunciantes; la ralentización y “pérdida” de expedientes; el bloqueo de información y la negativa permanente a rendir cuentas, así como el traslado de datos sensibles a perfiles anónimos y de net centers para desinformar e intimidar.
Y no extrañaría que, además, hayan montado un aparato paralelo de inteligencia con personas leales a la exfiscal en las áreas tradicionalmente críticas del MP, como la Dirección de Análisis Criminal (que lleva tareas de inteligencia), la Unidad de Métodos Especiales de Investigación (a cargo de escuchas telefónicas, interceptaciones informáticas, y actividades de seguimiento y vigilancia), y el oscuro y caro Departamento de Seguridad (la guardia creada por Porras Argueta para ella misma).
Menuda tarea le espera al recién juramentado fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna. Además de proceder a tomar rápidamente el control político-administrativo del MP para establecer su autoridad e impedir que desde dentro degraden sus decisiones y directivas presentes y futuras, tendrá que darse a la imperiosa tarea de desmontar las estructuras de cooptación que dejan la exfiscal y sus secuaces.
Porque está claro que la salida de Porras Argueta y parte de su primer círculo de confianza no garantiza la neutralización de las redes internas que seguirán respondiendo a las exautoridades que capturaron durante ocho años la institución.
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