Estados Unidos
Estado, empresa y sociedad
Echando a perder la calificación de riesgo país
Una rebaja de la calificación podría ocurrir si se deteriora la trayectoria de crecimiento de mediano plazo.
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De acuerdo con la más reciente publicación del Ministerio de Finanzas Públicas, la semana pasada la calificadora de riesgo crediticio soberano Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) anunció a los inversionistas y al mundo que Guatemala mantiene la calificación de largo plazo de BB+ con perspectiva estable; es decir, que seguimos igual que la última evaluación, sin poder superar la nota que nos sitúa apenas a un peldaño de superar el umbral para llegar a grado de inversión; o sea, nos mantiene como un país con grado de riesgo especulativo, de no inversión.
Es una lástima que, a pesar de que se resalta la estabilidad y resiliencia macroeconómica del país, reconociendo las políticas prudentes adoptadas por sucesivos gobiernos para mitigar los efectos adversos de choques exógenos, la sólida posición externa apoyada por reservas monetarias internacionales que alcanzan casi 12 meses de importaciones, así como la tradicional prudencia fiscal reflejada en déficits fiscales sostenibles y un razonable nivel de deuda pública, los desafíos pendientes asociados con la calidad de las instituciones públicas, las brechas en infraestructura y las condiciones sociales prevalecientes que limitan un mayor crecimiento económico, nos imposibilitan subir la calificación de Guatemala.
No solo esta calificadora, sino también Moody’s (Ba1) como Fitch (BB+) nos han venido señalando que una mejora en la calificación podría materializarse si hubiese una mayor colaboración entre el Gobierno Central y el Congreso en la implementación de las políticas, fortalecer la resiliencia económica y favorecer un crecimiento mayor al esperado. Por el contrario, una rebaja de la calificación podría ocurrir si se deteriora la trayectoria de crecimiento económico de mediano plazo, ya sea por una caída significativa de las remesas y que el consumo interno debilite la posición fiscal y externa del país.
El precio que pagar por la ignorancia, negligencia o complicidad con el crimen nacional y transnacional será pernicioso para los guatemaltecos.
Pero lo que vendría a “ponerle la tapa al pomo” y definitivamente haría virtualmente imposible mejorar la calificación de riesgo crediticio soberano, sería que Guatemala demuestre que, desde sus autoridades políticas, especialmente las electas en el Congreso, o en el Ejecutivo, la IVE (Unidad de Inteligencia Financiera), o desde el Ministerio Público, o en los Tribunales de Justicia y Altas Cortes, exista rechazo o resistencia o se identifiquen maniobras o subterfugios que evidencien que no hay compromiso del país para la prevención y persecución de los delitos de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Y superar la Evaluación Mutua de País (EMP), tanto el Cumplimento como la Efectividad, como le llama el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuyos auditores vendrán a Guatemala, solo se logrará si, tanto el marco legal normativo e institucional cumple estrictamente con los estándares internacionales y recomendaciones sobre la materia y que las instituciones demuestren que efectivamente, con hechos y casos concretos y comprobables, se hayan venido aplicando.
De otra manera, lamentablemente Guatemala engrosará la oprobiosa lista de países virtualmente proscritos, de pésima reputación por su falta de compromiso en la lucha contra estos flagelos, como Birmania, Corea del Norte, Namibia, Congo, Sudán del Sur o Yemen, entre otros. Hace 25 años, cuando el país estuvo en dicha lista, no pudo salir de ella sino después de cuatro años.
El precio que pagar por la ignorancia, negligencia o complicidad con el crimen nacional y transnacional será pernicioso para los guatemaltecos.
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