Estados Unidos
A contraluz
Curruchiche
El autonombrado “fiscal del pueblo” retorció las leyes para perseguir a fiscales, magistrados, jueces y periodistas.
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Rafael Curruchiche llegó a ser la imagen más definida de la política de Consuelo Porras. Cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) era dirigida por Juan Francisco Sandoval se enfocó en desmantelar estructuras de corrupción de alto nivel, en consonancia con la Cicig. Tras la destitución de Sandoval, Curruchiche asumió esa fiscalía, en 2021, y le dio un giro total: frenó y debilitó las pesquisas contra las grandes redes de corrupción políticas y empresariales. Se dedicó a perseguir a fiscales, jueces, magistrados del TSE y periodistas que investigaban esos casos.
Porras y Curruchiche no actuaban en forma independiente, eran el brazo ejecutor de una red de corrupción e impunidad.
No cualquiera podía ejecutar ese trabajo, sin cuestionar las órdenes de Porras. Le rendía pleitesía y sumisión. Fue la pieza perfecta. Además, su paso por el arbitraje de partidos de futbol lo hizo impermeable al rechazo del público. Su piel de cocodrilo le permitió tolerar la condena nacional e internacional. Más aún, le dio alas para difundir videos con ataques a sus detractores y en los que realizaba cualquier tipo de payasadas.
El autonombrado “fiscal del pueblo” se graduó de abogado y notario en 2011 con una tesis sobre la protección de los derechos humanos. En el MP hizo lo contrario. Ese fenómeno se explica con el concepto de lawfare: las leyes no las utilizó para defender al ciudadano, sino para encontrar vacíos e interpretaciones retorcidas para perseguir a sus adversarios políticos, con apariencia de legalidad.
Curruchiche pasó a ser apéndice de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), financiada por un sector del Cacif y que actuaba como una litigante maliciosa. La mayoría de casos de alto perfil que dirigía la Feci provenían de Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, de la FCT, que se convertían en querellantes adhesivos. Así ocurrió contra el periodista Jose Rubén Zamora y jueces como Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez. Este fiscal profundizó la lawfare con el uso extensivo de la prisión preventiva y la declaración sistemática de reserva de los casos, con lo cual quebrantaba las garantías de los acusados.
Porras y Curruchiche no actuaban en forma independiente. Eran el brazo ejecutor de una red de poder. Las directrices provenían del sector encabezado por Alejandro Giammattei, que a su vez blindaba a la élite empresarial. El sector económico estuvo complacido con la Cicig cuando persiguió la corrupción de la partidocracia, pero se espantó cuando las pesquisas se dirigieron hacia la podrida oligarquía criolla. Entonces, invirtió millonarias sumas para quitarse de encima a la Cicig y tener a Porras como su sirviente más eficaz.
La entente de la justicia maliciosa se reforzó con los jueces venales Fredy Orellana, Jimi Bremer y Víctor Cruz, quienes autorizaban allanamientos, dictaban prisión provisional prolongada o mantenían los expedientes bajo reserva total por meses. Ellos tenían el visto bueno de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, que siguieron en poder de magistrados al servicio de la oligarquía y la partidocracia corrupta, gracias a la mayoría de diputados que votó por ellos.
Si bien Porras y Curruchiche se sentían aupados por esa alianza, el rechazo ciudadano se extendió entre la población, principalmente los pueblos indígenas. Además, las sanciones en su contra llegaron desde Estados Unidos, Canadá y Europa.
Sin embargo, todo poder se viene a pique. Esta semana, Curruchiche salió por la puerta trasera del MP. Pero no solo eso. El nuevo fiscal general dio la orden de someter a auditoría interna todos los expedientes tramitados durante su gestión en la Feci. Es muy probable que el “fiscal del pueblo” pase de perseguidor a perseguido porque se están acumulando las denuncias en su contra.
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