Estados Unidos
Conciencia
Oportunidades y desafíos para el Ministerio Público
Más allá del cambio de fiscal general, el reto sigue siendo reducir la impunidad y fortalecer la justicia penal.
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El nuevo fiscal general asumió funciones en medio de un ambiente de desgaste institucional y fuerte polarización alrededor del Ministerio Público (MP). Durante años, la institución ha estado en el centro del debate político. Pero sin ese ruido, hay que preguntarse cómo medir la institución.
La Constitución y la Ley Orgánica del MP le asignan funciones de enorme peso. Ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación criminal y velar por el cumplimiento de la ley. Pero actuando con objetividad y respeto al debido proceso.
Con la Cicig y los casos que seleccionaron, el MP llegó a ocupar el centro del espectáculo nacional. No poca gente llegó a situar a la fiscal general como el eje del combate de la corrupción. Imagen creciente de poder que necesitó para consolidarse y sacrificar el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que implicó condenar públicamente a muchas personas sin necesidad de un juicio. La división fue profunda y la ambición política no tardó en aparecer. El país vivió años de polarización e incertidumbre jurídica, sin fortalecer el Estado de derecho.
En los últimos años, el MP creció de manera importante. El presupuesto se duplicó entre 2018 y 2025, y el número de trabajadores también aumentó. Además, expandió su presencia territorial en municipios, de 33 en 2015 a 340 en 2021, mediante la apertura de agencias y sedes fiscales municipales.
De forma sucesiva, las dos últimas fiscales del MP persiguieron reducir la mora fiscal, para lo cual, a partir del 2019, con la implementación del Modelo de Gestión Integral de Casos, la mora acumulada pasó de más de dos millones de casos a cerca de 198 mil. Sin embargo, reducir mora no necesariamente significó fortalecer la investigación criminal o aumentar la efectividad.
La polarización alrededor del MP no logró fortalecer la justicia penal.
Los datos de judicialización siguen mostrando debilidades. Según el Cien, entre 2019 y 2025 solo el 3.5% de los casos con salida del MP llegaron a judicializarse y tuvieron posibilidad de convertirse en una sentencia en el Organismo Judicial.
En homicidios, las cifras también llaman la atención. Aunque Guatemala redujo de forma importante la tasa de homicidios durante la última década, las sentencias por homicidio simple y calificado pasaron de 814 en 2014 a 113 en 2024. Vale la pena preguntarse qué está ocurriendo con la capacidad investigativa y el sistema penal en general.
En comparación con otros países, Guatemala está estancada en los indicadores internacionales de justicia. En el World Justice Project, el componente de justicia criminal ronda apenas 0.30 sobre 1 desde hace una década. Más allá del nombre de quien ocupó el MP, los datos reflejan problemas estructurales acumulados durante décadas.
Es obvio que el MP no imparte justicia penal por sí solo. En la investigación intervienen también la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial, junto con instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto de Atención a la Víctima y, como último eslabón, el Sistema Penitenciario. Cuando una institución falla, el problema termina afectando toda la cadena.
Se debe revisar la expansión de sedes fiscales para focalizarse en los territorios de criminalidad del país y evaluar del Modelo de Gestión Integral de Casos. El reto es mejorar la investigación criminal, aumentar la efectividad en el combate de los delitos y fortalecer capacidades técnicas y analíticas en la institución.
El desafío de la nueva administración será fortalecer la investigación criminal, mejorar la coordinación entre instituciones y avanzar hacia una administración por resultados dentro del sistema de justicia penal. Reducir la impunidad requiere metas claras, evaluación constante y capacidad de trabajo coordinado entre las instituciones involucradas.
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