Estados Unidos
Reflexiones sobre el deber ser
En el reino de la impunidad
No puede haber paz y prosperidad en una sociedad que está alejada de la regla moral que dicta que “el que la hace la paga”.
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La eficacia de un régimen de legalidad radica en la coercibilidad de la ley, es decir, en la voluntad de hacer cumplir sus mandatos y, en su caso, de castigar al infractor. Una ley vigente que no se aplica a los casos concretos es letra muerta, sin proyección ni fuerza, aunque sus supuestos normativos sean legítimos y justos; en dos platos, cuando se inobserva la ley, su vigencia oficial se torna irrelevante e intrascendente.
La impunidad premia al sinvergüenza.
De suerte que para que una ley sea eficaz debe ser respetada y acatada; y, en caso esto no ocurra, quien incumple sus mandatos debe tener la inequívoca certeza de que le será impuesto el castigo correspondiente. Esto supone que ninguno debería de sustraerse de su imperio y que el infractor no se debe salir con la suya.
La impunidad, que es la ausencia de castigo por la burla de la ley, es el peor flagelo que padece una sociedad, ya que se premia al sinvergüenza, al canalla y al depredador, así como hace triunfar el mal sobre el bien.
No puede haber paz y prosperidad en una sociedad que está alejada de la regla moral que dicta que “el que la hace la paga”, así como de la premisa básica de la contratación, que exige que se honre la palabra empeñada. Sin embargo, lamentablemente en nuestro medio rige la arbitrariedad, el despotismo y la criminalización, que se plasman en la frase: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, atribuida a Benito Juárez.
En Guatemala, la credibilidad en la justicia oficial es patéticamente nula, debido a la triple patología de la falta de acceso a la justicia, la denegación de justicia y la corrupción generalizada. Tampoco existe un genuino interés de las élites dominantes en favor de que los juzgadores sean designados a la luz de una legítima meritocracia y de una razonable igualdad de oportunidades, cuya combinación garantice la retribución de los méritos una vez las personas han tenido oportunidades comparables, que garanticen la posibilidad de competir en un plano de ecuanimidad.
La pretensión de quienes mandan es que sus “dependientes” ocupen las judicaturas y magistraturas, para que resuelvan conforme a sus intereses particulares y no a la equidad. Por lo tanto, la justicia independiente e imparcial no es una real aspiración de quienes ostentan el poder político y económico. “Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan”, afirma José Ingenieros.
Lo anterior, sin perjuicio de que para ninguno es un secreto que las instituciones del sector justicia han sido permeadas por la delincuencia organizada, lo que, además del envilecimiento de la justicia oficial, ha venido sembrando zozobra y temor entre la población ante la intimidación, la amenaza y la agresión.
En todo caso, aunque se cuente con leyes idóneas y razonables, la deficiente calidad de los juzgadores redunda en un devastador vaciamiento de sus normas, o sea, en la falta de aplicación o tergiversación de sus mandatos.
La impunidad envía a la sociedad el doble mensaje de que “el crimen paga” y “no confíe en la justicia oficial”. Esto, además de socavar el Estado de derecho, alienta la inclinación a hacer justicia por propia mano o a apelar a la justicia trasnacional o internacional, bajo la alegación de que el juzgador nacional carece de legitimidad, independencia e imparcialidad.
Lo cierto es que en el reino de la impunidad nadie está seguro, ni dispuesto a proyectar a mediano o largo plazo, tampoco a arriesgarse en emprendimientos productivos e innovaciones tecnológicas, porque no hay previsibilidad de la aplicación de la ley, lo que redunda en incertidumbre.
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