Estados Unidos
Políticas públicas
Autonomía, sí; impunidad, no
La autonomía fortalece al Estado solo cuando va acompañada de transparencia y rendición de cuentas.
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La existencia de entidades autónomas dentro del Estado responde a una lógica institucional perfectamente razonable. Hay funciones públicas cuya naturaleza exige estabilidad, especialización técnica e independencia respecto de los vaivenes políticos. Por ello existen bancos centrales, universidades estatales, organismos electorales y otras instituciones con distintos grados de autonomía. Pero la autonomía nunca fue concebida como un fin en sí mismo. Lejos de ser un privilegio, la autonomía debe ser vista como un contrato con la sociedad para cumplir un mandato específico.
En efecto, la experiencia internacional demuestra que las entidades autónomas solo justifican su existencia cuando concurren cuatro condiciones básicas: un mandato claro y acotado, una gobernanza que incorpore pesos y contrapesos, independencia funcional para ejercer sus competencias, y mecanismos robustos de rendición de cuentas. Cuando alguno de estos elementos desaparece, la autonomía deja de ser una fortaleza institucional y se convierte en un problema.
En Guatemala, con demasiada frecuencia se ha confundido autonomía con soberanía. Algunas municipalidades han pretendido utilizarla para obstaculizar proyectos nacionales; otras entidades actúan como si estuvieran fuera del aparato estatal. El caso más preocupante es, probablemente, el de la Universidad de San Carlos (Usac). La Constitución le garantiza una posición privilegiada: autonomía, patrimonio propio, exenciones fiscales y una asignación no menor del 5% de los ingresos ordinarios del Estado. Para 2027, ello representará más de Q3 mil 200 millones provenientes de los contribuyentes.
Por disfrutar de ese privilegio, la obligación de rendir cuentas debería ser aún mayor.
Precisamente por disfrutar de ese privilegio constitucional, la obligación moral de rendir cuentas debería ser aún mayor. Durante años, las actuales autoridades universitarias han sido objeto de fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de su permanencia en los cargos. Independientemente de esas acusaciones y de las consecuentes controversias jurídicas, lo que sí resulta inevitable señalar es que toda institución cuya legitimidad es tan cuestionada debería responder con más transparencia, no con menos.
La comparación con la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) resulta ilustrativa. La Unam publica sistemáticamente estados financieros, informes presupuestarios, resultados de auditorías, indicadores académicos y abundante información que permite evaluar objetivamente su desempeño. La transparencia forma parte de su estrategia para proteger su autonomía. La Usac ha dado algunos pasos positivos en esa dirección, pero todavía está lejos de ofrecer un nivel comparable de rendición de cuentas.
Sería una sorprendente señal de recuperación institucional si las autoridades universitarias decidieran, por iniciativa propia, abrir completamente la información sobre el uso de los recursos públicos recibidos durante estos años; publicar indicadores verificables sobre sus resultados académicos y financieros; y, aun cuando la ley no las obligue, someter periódicamente sus estados financieros y su gestión a auditorías externas verdaderamente independientes.
La autonomía no se fortalece levantando muros frente al resto del Estado ni refugiándose en privilegios constitucionales. Se fortalece demostrando, todos los días, que la sociedad puede confiar en quien administra recursos públicos. Las entidades autónomas pueden ser claves para una república moderna y eficaz. Pero solo lo serán si recuerdan que siguen siendo parte del Estado y que, en última instancia, su verdadero mandante no es su burocracia interna, sino los ciudadanos que las financian.
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