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Punto de encuentro
Usac, ¿otro Estado paralelo?
Revertir su cooptación es una tarea urgente e imprescindible.
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El pasado miércoles 1 de julio fue un día triste. Esa mañana se concretó el segundo fraude electoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con el inicio de otro período como rector de Walter Ramiro Mazariegos Biolis.
Quien se “robó” la rectoría, dos veces, amenaza a quienes reclaman que se anule la elección.
Fue una jornada de represión y violencia en contra de estudiantes, trabajadores y profesores que forman parte de los legítimos movimientos de resistencia que se manifestaban en las afueras del campus central. Bombas lacrimógenas, disparos, amenazas e intimidaciones provenientes de grupos de choque apostados dentro de la universidad.
Una confirmación más de lo que Mazariegos ha hecho y está dispuesto a continuar haciendo para mantenerse al frente de la Usac. Acciones que nos remiten a lo sucedido en el Parque de la Industria durante la elección del 2022 y en las afueras del hotel Casa Santo Domingo, lugar donde se llevó a cabo el segundo fraude electoral el pasado 8 de abril.
Al rosario de ilegalidades cometidas durante todo el proceso —que no solamente fueron documentadas, sino que motivaron su suspensión con un fallo judicial que luego fue anulado por la Corte de Constitucionalidad— se suma un nuevo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que no vela precisamente por los intereses de la universidad pública, sino por los del rector/usurpador y su rosca, de la que ellos mismos forman parte.
Fieles a lo que ya se les ha vuelto costumbre —retorcer la Ley Orgánica de la Usac y otros cuerpos normativos para usarlos a su conveniencia—, definieron que el finiquito (constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos) no es exigible para asumir la rectoría. Una nota publicada ayer por Prensa Libre informa que en el dictamen se señala que dicha constancia “no está establecida en la Ley Orgánica de la Universidad, la cual prevalece sobre cualquier ley ordinaria, de acuerdo con el principio de especialidad jurídica…”. Todo muy parecido a lo que sucedía con el “Estado paralelo” en el que Consuelo Porras convirtió al Ministerio Público durante su gestión.
Una nueva “interpretación” a la medida como otras anteriores que posibilitaron al Consejo Superior Universitario —en el que la mayoría de integrantes tiene los cargos vencidos— a anular cuerpos electorales de oposición, alterar el quorum para la elección a la rectoría, expulsar a estudiantes que denunciaron y se opusieron al fraude, y modificar las reglas internas para contratar personal de confianza, entre otras arbitrariedades.
Lo que también es tremendamente preocupante —si es que hacía falta algo adicional— son las “advertencias” que Mazariegos habría realizado tras asumir el segundo mandato: “Ya se terminó la elección, la campaña. Quien siga molestando con el tema de que ‘la elección aquí y allá’ las normas, leyes y reglamentos se van a aplicar. Lleven ese mensaje (…). Quien siga con esas locuras y fumadas, vamos a aplicar la normativa universitaria y no es amenaza. ‘¡Ay, es persecución!’, dicen, y quemando y robándose la universidad con procesos penales, procesos legales y todavía queriendo ir otra vez a la cárcel” (PL 6/7/2026).
Indigna, pero no sorprende que quien literalmente se “robó” la rectoría, dos veces, amenace a quienes reclaman que se anule la elección y que el proceso se repita sin ilegalidades. Quizá porque sabe que su influencia en las altas cortes y la pasividad del gobierno le dan margen de maniobra.
Queda ver cómo actúan las nuevas autoridades de la Fiscalía a partir de las 17 denuncias contra Mazariegos. Sin embargo, el rescate de la Usac no puede pasar solamente por el ámbito judicial. Reitero: la Universidad de San Carlos es demasiado importante para el país y revertir su cooptación es una tarea colectiva, urgente e imprescindible.
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