Estados Unidos
Nota Bene
Revisar, simplificar y depurar las leyes
Guatemala no tiene una política de desregulación legislativa
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Evaluamos la gestión del Congreso con base en el número de iniciativas presentadas o la cantidad de decretos aprobados. Jamás felicitamos a los diputados por derogar leyes que son obsoletas o innecesarias. Contribuimos así a un sistema jurídico complejo que acumula normas.
El país carece de un inventario consolidado de toda la legislación vigente y no existe un mecanismo permanente para revisar la calidad del marco normativo. En años recientes, se han aprobado entre 15 y 40 decretos cada año, según me informa la inteligencia artificial. La sobrerregulación conlleva varios costos no deseados, como el aumento de los costos administrativos, la duplicación de procedimientos, la incertidumbre jurídica, la reducción de la competitividad y la baja credibilidad de las instituciones públicas. Se podría formar una comisión de revisión y desregulación legislativa cuyo fin sea mantener un marco regulatorio sencillo, coherente y actualizado.
Cabe estudiar esfuerzos internacionales exitosos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, las nuevas leyes deben acompañarse de un análisis de impacto para cotejar los beneficios contra los costos esperados. Este mecanismo obliga a los reguladores a considerar la calidad de la norma, y no la cantidad de leyes aprobadas. En Canadá, se busca reducir el crecimiento de las regulaciones a nivel federal a través de una Ley para la Reducción de la Burocracia. Esta iniciativa exige a los legisladores medir el impacto de la regulación propuesta, y evitar la duplicidad. Además, se consulta a los sectores afectados antes de aprobar nuevas reglas. En el Reino Unido, se implementó la política conocida como “Una entra, otra sale”: cuando una nueva regulación genera costos para el sector productivo, el gobierno debe eliminar o simplificar otras regulaciones para compensarlos. Esta medida desalienta la proliferación de regulaciones.
El exceso de reglamentos y leyes impone costos a los ciudadanos.
En Guatemala, nuevos decretos y reglamentos suelen reformar parcialmente o derogar leyes antiguas, pero no de forma sistemática. Ninguna entidad se encarga de identificar normas obsoletas o evaluar la calidad de las regulaciones vigentes. La Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (decreto 5-2021) entró en vigor hace ya casi cinco años, pero sus resultados han sido modestos. Su implementación ha sido desigual y la cultura administrativa cambia lentamente. Invita a las autoridades a considerar cómo simplificar los trámites, pero no a examinar concienzudamente las reglas de las cuales emanan dichos requisitos. Una cosa es simplificar un procedimiento engorroso, y otra cosa es la depuración y desregulación, metódica y deliberada. Es conveniente dar un paso adicional hacia la desregulación, para realmente modernizar la administración pública.
Un proceso eficaz de desregulación reorienta la forma de pensar de los funcionarios y del pueblo gobernado. Centra nuestra atención en los costos económicos y administrativos de cada regulación. Obliga a priorizar una revisión exhaustiva del cuerpo de leyes, sobre todo de aquellas con más de 20 o 30 años de antigüedad. Premia los análisis de la calidad regulatoria y los esfuerzos por armar paquetes de leyes caducas. Las cláusulas de ocaso son incorporadas naturalmente en nuevas iniciativas.
Los beneficios para Guatemala serían palpables. Al reducir los costos para los ciudadanos y las empresas, mejoraría el clima de inversión y la competitividad nacional. Se reducirían las oportunidades para abusar del poder discrecional y se facilitaría la lucha contra la corrupción. Contribuiría a una administración pública más transparente y respetuosa del tiempo, los recursos y la libertad de sus ciudadanos.
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