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¿Quién sabe qué aprobó el Congreso?

La solución cuesta poco: que el Congreso publique en su sitio, dentro de las 24 horas siguientes, el texto aprobado indicando qué se aprobó y qué se improbó en cada votación.

Asumo la responsabilidad de corregir un dato errado en mi columna anterior. El viernes pasado escribí que el decreto 18-2026 conservaba dos artículos sobrantes —los que definían la “vivienda habitual”— y advertí que esa ambigüedad les abriría la puerta a los alcaldes. Me equivoqué. Los diputados sí eliminaron esos artículos. Reconozco el error. Pero cómo lo cometí es importante.

Cometí un error en mi columna anterior. El proceso que me llevó a cometerlo muestra cómo un ciudadano puede recibir información oficial incompleta.

El Congreso improbó los dos artículos durante las aprobaciones por artículos. Esa tarde en el Congreso escanearon el decreto aprobado y lo circularon. Ese primer archivo no traía el sello de improbado en los artículos. De seguro, alguien lo advirtió y media hora después salió una segunda versión, ya con el sello. Yo recibí la primera versión. La segunda nunca me llegó. Sobre ese texto escribí mi columna.

Al día siguiente de la aprobación, todavía le pregunté al presidente de la comisión que dictaminó la iniciativa. Me dijo que sí los habían quitado, en el fondo de revisión. Volví a leer el fondo de revisión y ahí no aparecía ninguna eliminación. Debí ver la sesión completa antes de publicar. La vi después: dura siete horas. Ahí estaba la votación. Nada de esto borra mi responsabilidad. Sí explica cómo un ciudadano puede recibir información oficial incompleta, aunque revise el expediente con cuidado.

No fui el único. Una firma regional de abogados publicó, el mismo día de mi artículo, un boletín que incluía el régimen de “vivienda habitual” dentro del decreto aprobado. Y no faltaron los alcaldes que utilizaron el mismo argumento, luego de la aprobación. Cuando hasta los expertos se equivocan, el problema deja de ser de simple lectura.

Todo esto ocurrió en una sola tarde. Los diputados también incluyeron, quitaron y rechazaron varios otros artículos. Una norma que cambia varias veces en una tarde y circula en dos versiones distintas es fácil que se preste a confusiones. Las enmiendas de último minuto y los fondos de revisión abaratan la negociación entre unos pocos y encarecen la vigilancia de todos los demás. La opacidad del proceso es un activo para quienes saben cómo funciona el sistema.

Pero el Congreso también tiene excusa. La sesión fue pública, transmitida y grabada. La información estaba disponible para quien tuviera siete horas libres. El problema es otro: el registro escrito salió incompleto y la corrección no les llegó a las mismas personas. En la práctica, el texto sustituye al video. Y casi nadie tiene siete horas. Un ciudadano no debería estar obligado a auditar un video para saber qué ley se aprobó.

La solución cuesta poco. Que el Congreso publique en su sitio, dentro de las 24 horas siguientes a cada aprobación, un único texto consolidado y certificado, con el registro de qué se aprobó y qué se improbó en cada votación. Una sola versión, con fecha y enlace público. Hago énfasis en la parte de “publique”, porque actualmente esa información no se publica en el sitio del Congreso. Si uno logra tener acceso a esos archivos, es solo porque se tienen “fuentes” en el Congreso, o alguna de las personas que lo recibió lo sube a grupos de chats que permiten que estos se vayan “filtrando” en las redes. En teoría, si uno lo pide, se lo mandan, pero me parece que sería mucho más práctico que lo suban al sitio y ya. Que lo vea quien lo quiera ver.

El fondo, en todo caso, no cambia. El IUSI grava la propiedad misma, transformando al dueño legítimo en un inquilino perpetuo que paga alquiler al gobierno. El presidente debe sancionar y publicar el decreto. Luego viene lo que falta: eliminar el impuesto, no solo dejarlo en tasa cero, tanto para viviendas como para comercios. Los alcaldes dirán que se quedan sin fondos, pero las municipalidades se deberían financiar con tasas atadas a servicios que de verdad presten. Esa discusión sí conviene tenerla despacio, y con un solo archivo sobre la mesa.

ESCRITO POR:

Jorge Jacobs

Empresario. Conductor de programas de opinión en Libertópolis. Analista del servicio Analyze. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).

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