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¿Qué pasó realmente en Huité?
El gobierno tardó casi tres días en admitir lo que los videos ya mostraban. Ahora pretende que el Ejército se investigue a sí mismo.
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El domingo 27 de septiembre, al final de la tarde, unos 20 hombres armados y vestidos como militares entraron en Huité, Zacapa. Esa noche quedaron ocho muertos, entre ellos, una niña de 10 años y tres mujeres de una misma familia. El Ministerio Público (MP) recogió 77 indicios balísticos en cuatro escenas. Durante dos días, el Ministerio de la Defensa sostuvo que la Segunda Brigada llegó de forma “fortuita” y que no entró en el municipio. El miércoles, el presidente Bernardo Arévalo dijo otra cosa: “Efectivamente, ha habido participación de elementos del Ejército”. ¿Y entonces?
Después de analizar videos y fotos y hablar con expertos, mi lectura es que en Huité hubo un operativo del Ejército para capturar a Haroldo Lorenzana, alias Haroldito, y que salió mal. Un informe policial citado por Prensa Libre dice que el comando “posiblemente” lo perseguía. Y en el video de una cámara de seguridad pasan vehículos J8 del Ejército intercalados con los picops a los que se atribuye el ataque. Defensa admite que esos vehículos J8 son suyos, pero insiste en que se quedaron fuera. Solo veo dos explicaciones: o los militares sabían lo que hacía el comando y lo dejaron actuar, o trabajaban con él. ¿Hay alguna tercera que deje bien parada a la institución?
¿Y por qué ahora? El 22 de septiembre, fiscales del Departamento de Justicia estadounidense se reunieron con Arévalo, con el fiscal general y con el ministro de Gobernación. El encargado de negocios, Jorgan Andrews, advirtió de que “no hay refugio seguro” para el narco. Cinco días después ocurrió lo de Huité. Puede ser casualidad, como también puede que no lo sea. Un gobierno sin mayoría en el Congreso necesita resultados que mostrar en Washington. Que fuera presión de los fiscales o un intento de ganar puntos con Trump cambia poco el resultado. Si mi hipótesis es correcta, alguien calculó que la captura valía el riesgo. Los vecinos de Huité pagaron ese cálculo.
Solo veo dos explicaciones. O los militares sabían lo que hacía el comando y lo dejaron actuar, o trabajaban con él.
El artículo 6 de la Constitución dice que nadie puede ser detenido sino por orden de autoridad judicial competente, salvo flagrancia. Ejecutar esa orden le corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC), y el Ejército solo puede apoyarla. Pero el ministro de Gobernación y el presidente insisten en que la PNC no participó. Entonces, ¿con qué orden y bajo qué mando actuaron los militares? Un despliegue militar sin orden conocida, sin mando que dé la cara y con ocho muertos es poder discrecional puro.
La respuesta del gobierno es una comisión. Será interna del Ministerio de la Defensa, se regirá por la ley militar y no tendrá plazo. El investigado se investigará a sí mismo. Un principio jurídico muy viejo lo prohíbe: nadie puede ser juez en su propia causa. El artículo 30 de la Constitución dice que todos los actos de la administración son públicos. La excepción para asuntos militares de seguridad nacional no alcanza para esconder la muerte de una niña en un pueblo de Zacapa.
¿Qué hacer? Menos discrecionalidad y reglas que se cumplan. Cada despliegue de tropa dentro del país debería dejar constancia escrita de quién lo ordenó, con qué base legal y con qué orden judicial. En este caso, esa información tendría que llegar al Congreso y al MP en días, no en meses.
El gobierno les debe a Huité y a todos los guatemaltecos una explicación completa. Quién ordenó el operativo, quiénes dispararon y por qué Defensa sostuvo hasta el miércoles una versión que los videos desmentían. Si el Congreso no cita a los ministros de la Defensa y de Gobernación, y el MP no investiga con independencia, aceptamos un precedente peligroso. ¿En qué otro pueblo actuará primero la fuerza pública y explicará después, si es que explica? Defender nuestros derechos empieza por exigir que el poder rinda cuentas, aunque vista de uniforme.
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