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¿Cuánto costó el contralor oficialista?
¿De verdad alguien cree que va a auditar con rigor al gobierno que lo impuso?
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El martes 6 de octubre pasó algo que debería incomodar incluso a quienes celebran el resultado. El Congreso eligió a Elfego Castañón como contralor general de cuentas. Obtuvo 154 votos. El único diputado que no votó a favor fue su hermano, el oficialista Manfredo Duvalier Castañón, que alegó conflicto de interés. Qué delicadeza. Castañón llegó a la nómina con 65 puntos y dos tachas admitidas, la nota más baja de los seis finalistas. ¿Cómo se justifica poner al frente de la fiscalización del Estado al hermano de un diputado oficialista? No se justifica. Es cinismo, y lo pagan los ciudadanos honestos. ¿De verdad alguien cree que va a auditar con rigor al gobierno que lo impuso?
No los criticaban por convicción ética, sino por envidia: otros se enriquecían a costa de los tributarios y ellos no tenían cómo.
Entiendo que no se quisiera a Jorge Castellanos, el candidato que varios partidos de oposición tenían apalabrado. Castellanos es del círculo íntimo de Frank Bode, el contralor saliente. Y Bode, a su vez, fue puesto en el cargo por Miguel Martínez. Puedo entender que no se quisiera una continuidad de ese tipo, pero en la nómina había otros cuatro finalistas. ¿Por qué, entre cinco opciones, el pleno escogió unánimemente justo al peor calificado y al más cercano al oficialismo?
Hay dos explicaciones y ninguna deja bien parados a los diputados. La primera corre por los pasillos del Congreso: obras por hasta Q75 millones. La segunda es más fría. La Contraloría emite el “finiquito”, la constancia que todo candidato necesita para inscribirse. Y 2027 es año electoral. ¿Qué diputado que busca reelegirse se atreve a votar contra quien firmará su finiquito? El costo no lo pagan ellos. Lo pagan los tributarios, que financian las obras y se quedan sin quien vigile su dinero.
El pacto adelanta lo que viene. El Presupuesto 2027 saldrá con una mayoría amplia y dócil, porque los diputados tienen que aprobar ese techo de gasto desmesurado para cobrar las obras prometidas. Si el presupuesto no pasa, nadie cobra. Los Codede han sido los peores ejecutores en los últimos años y aun así los diputados les siguen dando dinero a borbotones. ¿Para qué darle más dinero a quien no gasta lo que tiene? Para tener qué repartir. El presidente Bernardo Arévalo, por su parte, se asegura un contralor a la medida hasta casi tres años después de entregar el poder. Así nadie va a revisar con lupa cómo manejó el dinero esta administración. Justo como lo hizo Giammattei.
Este gobierno llegó al poder con la bandera de la anticorrupción. Acusó a sus antecesores de capturar las instituciones de control. Hoy hace exactamente lo mismo que criticaba. ¿Qué diferencia hay entre la administración de Arévalo, que pone a su cuate de contralor, y la de Miguelito, que pone al suyo? Nada. Es la misma… cosa. Hasta le ganaron a Miguelito, que “solo” consiguió 148 votos para Bode. Queda claro que los oficialistas no criticaban el saqueo anterior por convicción ética. Lo criticaban por envidia: otros se enriquecían a costa de los tributarios y ellos no tenían cómo. Ahora que tienen el poder y el dinero, repiten los vicios y las componendas que prometieron desterrar.
¿Hay salida? La hay, pero no consiste en encontrar algún día al “contralor bueno”. Cuando el órgano fiscalizador depende de pactos políticos, la ley se vuelve un garrote que cae sobre unos y se guarda para otros. La salida republicana es abrir la fiscalización a auditorías externas, con firmas privadas independientes que compitan por el trabajo. Menos discrecionalidad y más reglas de mercado. Solo así se reduce este negocio. Los finiquitos necesitan plazos y criterios objetivos para que no se usen como arma política.
Espero que ya queden pocos que crean ilusamente el discurso anticorrupción de este gobierno. Eran puras pajas. Anote el nombre de cada diputado que votó el martes (todos, menos los 5 ausentes), y cóbreselo cuando vuelva a pedirle el voto.
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