El derecho a la “libertad de locomoción” se ha perdido y ese es el rumbo. Nuestras autoridades, por su parte,  enfocan el tema de seguridad como policías y soldados,  y no de justicia, por eso cada vez que la fuerza pública captura a alguien lo muestra en los medios para lograr construir una percepción de ataque al crimen. Todos los días circulan fotos y videos donde aparece “un marero”, “un estafador”, “un homicida” o “un delincuente”.

Todos somos inocentes mientras un tribunal no declare la responsabilidad en sentencia, por ello debemos ser tratados como tales, ser parte en un juicio no es delito y esto debe insistirse. Nuestra Constitución señala, con el objeto de garantizar la inocencia, que las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona sin haber sido indagada por tribunal competente, pero hacen todos los días lo contrario en total impunidad.

Cuando la Policía pone en escena pública a un capturado —hasta fotos de las aprehensiones suben a las redes sociales y la cuenta Twitter de la PNC es un ejemplo de abuso— se produce una ilegalidad. Claro, estos temas “no pegan”, porque al estar hartos de tanta delincuencia aplaudimos el ultraje público de la exposición. Toda moneda tiene dos caras y como nuestra institucionalidad no se caracteriza por su probidad existen casos donde personas acusadas sin base son capturadas y luego esos hechos difundidos por todos los medios, manchándose el honor de quien tenía y tiene todo el derecho a ser tratado como inocente. Por esta razón, en nuestro país no cabe aquello “de quien nada debe, nada debe”.

Hay varios casos en donde ciudadanos inocentes y ejemplares enfrentan procesos penales con pruebas plantadas, o bien por ser víctimas de quienes logran “convertir” asuntos civiles en temas penales por medio de “prácticas mañosas” han sido parte del show policial.

Mientras no entendamos  que un abuso contra quien sea es una amenaza a todos, es cuento chino vivir en paz. Ojalá quien sea afectado se anime a demandar al Estado y al funcionario abusivo los daños que le provoca condenarlos frente a los medios de comunicación cuando es víctima de las extorsiones oficiales —tan comunes en nuestro medio—. Los derechos son para todos y están para cumplirse, no para ser adornos de anaquel y, eso es así, le guste o disguste a quien sea.