Estados Unidos
Ideas
¿Quién vigila al vigilante?
El miedo al delito informático no puede ser la excusa para correr los límites que la Constitución le pone al poder.
|
La Ley Marco de Ciberseguridad pasó en un solo debate, con enmiendas que pocos diputados conocieron durante un receso de apenas 10 minutos. Y, sin dar explicaciones, los diputados suprimieron el artículo que duplicaba las penas por pornografía infantil digital. ¿Cuántos de los que votaron leyeron lo que aprobaron?
Pocos discuten que Guatemala necesita reglas contra el fraude digital y el robo de identidad. Pero ¿justifica eso pasar por encima de las garantías de los ciudadanos? El gobierno no ha podido proteger ni sus propios sistemas. Pero, en lugar de que el Congreso empezara por ahí, empieza por darle al gobierno poder sobre las redes de todos los demás.
Lo más delicado es la vigilancia. El Centro de Respuesta a Incidentes depende del Ministerio de Gobernación. El artículo 21 le encarga el “monitoreo continuo de los sistemas, redes y servicios digitales bajo su ámbito de competencia”. La ley no define ese ámbito ni exige orden judicial para ese monitoreo. El artículo 33 faculta al Ejército para “recolectar, procesar, analizar, producir, distribuir y difundir información” sobre amenazas. Y el artículo 5 define la ciberamenaza como una “fuente potencial de perjuicio, externa o interna, al Estado”. Tampoco ahí aparece un juez. La ley solo promete que no se vulnerarán las garantías constitucionales. Una promesa no es un control. ¿Quién decide qué ciudadano es una amenaza interna?
En la parte penal sí interviene un juez, pero con filtros dispares. El artículo 63 permite el “acceso remoto controlado” a redes y bases de datos, o “cualquier otra técnica”. Basta un “indicio razonable” y no hay plazo máximo. El artículo 64, en cambio, requiere “indicios fundados y objetivos” y un límite de dos meses para interceptar comunicaciones. La medida que más expone la vida privada recibe el control más laxo. Si la ley no le da al juez criterios objetivos para negar la orden, el control judicial se vuelve un trámite. Y el artículo 90 lleva los ciberdelitos a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Añade una cola abierta: “otros delitos” tipificados “en demás cuerpos normativos relacionados con la materia”. ¿Cuáles? El decreto no lo dice.
Un gobernante con malas intenciones tendría cobertura legal para vigilar e intimidar a críticos, periodistas y opositores.
Para que pueda haber un verdadero Estado de derecho se necesitan reglas fijas y conocidas de antemano. Solo así cada persona puede prever cómo usará la autoridad su poder de coacción. Este decreto hace lo contrario. Su artículo 37 deja que un reglamento de Gobernación defina qué conductas son infracción y cuánto cuestan. Definir infracciones y sanciones le toca al Congreso, no a un ministro. Y el artículo 41 manda el dinero de las multas a la misma dirección que las impone. Una oficina que vive de multas tiene millones de razones para encontrar infractores, no para prevenir ataques.
Hay que reconocer que las enmiendas de 10 minutos algo corrigieron. El artículo 9 ahora requiere una orden de juez para obtener la información que protege el artículo 24 de la Constitución. Y el plazo para reportar incidentes en infraestructura crítica pasó de 30 minutos a tres horas. Pero esos parches no tocan el corazón del asunto. La ciberseguridad que funciona nace de incentivos de mercado y cooperación voluntaria. Por ahí había que empezar, y por exigirle al gobierno que primero proteja sus propios sistemas.
Esta ley no se debió aprobar así. Su defensa descansa en la buena fe del gobierno de turno, pero las facultades quedarán para el futuro. Con este texto, un gobernante con malas intenciones (por ejemplo, el peor enemigo de quienes aprobaron la ley) tendría cobertura legal para vigilar e intimidar a críticos, periodistas y opositores. Ceder privacidad a cambio de seguridad es un trato que el gobierno rara vez cumple de su lado. El miedo al delito informático no puede ser la excusa para correr los límites que la Constitución le pone al poder. Nuestra libertad se pierde artículo por artículo, en leyes que casi nadie lee.
ESCRITO POR:
